En circunstancias en las que la demanda boliviana, interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, ingresó en la etapa de presentación de memorias históricas, surgen en el país transandino ciertas discrepancias políticas, respecto al tratamiento que se debería conceder a Bolivia, que mantiene su propósito de recuperar su cualidad marítima, usurpada mediante la reprochable invasión anglo – chilena de 1879.
Algunos chilenos creen que con gritar mar para Bolivia, o creando confusión en el Congreso acerca de la inclusión o no del tema marítimo en el diálogo bilateral, sus gobernantes, sea cual fuere la tendencia ideológica de ellos, van a cambiar la política de Estado que sustenta esa nación en relación con la demanda marítima. Tal política de Estado fue asumida no sólo en dictadura sino en democracia, con el fin de preservar todo lo despojado a nuestro país hace más de cien años.
Obviamente que se han presentado criterios disímiles en Chile, respecto al centenario diferendo, pero eso no quiere decir que haya una corriente ciudadana predominantemente mayoritaria en pro de la reivindicación marítima boliviana.
“He escuchado voces disidentes en la Concertación (alianza de la izquierda), he escuchado al senador (José Antonio) Gómez, que sostiene que Chile debiese entregar territorio o soberanía. Esas voces que tienden a dividir no contribuyen a la causa chilena. Me gustaría que los candidatos se pronunciaran de forma firme en esta materia”, dijo, reflejando aquélla realidad, el entonces presidente Sebastián Piñera, según la prensa nacional de 24 de abril de 2013.
“Cuando se trata de defender el interés nacional, no hay Gobierno y oposición, derechas e izquierdas, lo que hay es una defensa cerrada de la política exterior chilena, entendida como política de Estado”, afirmó, a su vez, Ignacio Walker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, de la gestión parlamentaria anterior, a inicios de abril del pasado año, según se lee en los diarios de circulación nacional.
Lo más probable es que ello se cumpla como un desafío a las decisiones que asuma la Corte Internacional de Justicia de La Haya a favor de la causa boliviana. Los chilenos, incluyendo a quienes corearon “mar para Bolivia”, se dispondrán, pues, a cerrar filas en torno al “interés nacional”, en tanto y en cuanto vean a su país sentado en el banquillo del acusado y conminado, por consiguiente, a negociar con Bolivia una salida libre, soberana y útil al Pacífico, a fin de restañar la herida provocada con la arbitraria toma del Litoral, en una actitud expansionista sin precedentes en Sudamérica.
Indudablemente la opinión pública chilena muestra fisuras sobre este tema. Y las hemos visto desde que Bolivia recurrió al alto tribunal de la Organización de las Naciones Unidas en busca de justicia para recuperar lo suyo.
En suma: posiblemente algunos chilenos, con el supuesto respaldo a la causa marítima, pretenden distraernos de nuestra demanda, sustentada con firmeza en La Haya.
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