Sin solución justa asaltos a predios de Santa Cruz

En más de treinta predios ganaderos en Santa Cruz se espera vanamente que las autoridades obliguen a los asaltantes a que devuelvan esas propiedades que en actos vandálicos cayeron en su poder, sin respetar la propiedad ajena ni el derecho de los demás; gentes que, por su inclinación al delito, se apoderan de propiedades ajenas. La situación es mucho más grave si se tiene en cuenta otros casos de asaltos a granjas agrícolas, ya que, ante los reclamos, las autoridades nada escuchan o, si lo hacen, dejan para las “calendas griegas” que el problema se encamine por los cauces de la justicia y, finalmente, se proceda con las devoluciones a sus legítimos propietarios.

Los asaltantes de esas pertenencias privadas creen que el trabajo ajeno es de su propiedad; consideran seguramente que “otros deben trabajar por ellos”, puesto que son incapaces de esforzarse para conseguir medios que les permitan, mediante un trabajo honesto y responsable, adquirir legítimamente lo que por su ambición querrían poseer.

Es muy grave la situación si se tiene en cuenta que no hay autoridad para frenar estos abusos, y menos un Poder Judicial que investigue y haga justicia. Todo está librado a la voluntad de los que precisan hacerse de lo ajeno, que están seguros de poder actuar con inmunidad para que sus delitos queden en la impunidad.

El Gobierno, las autoridades de la gobernación, los tribunales de justicia, la comandancia y cuadros de la Policía tienen conocimiento de estos hechos y permiten que siga en poder de asaltantes lo que pertenece legítimamente a quienes han fundado haciendas, predios y campos de cultivo de alimentos y alimento para el ganado; son esfuerzos y sacrificios que muchas veces han implicado privaciones de toda índole, para hacer que esas propiedades sean productivas y rentables.

Los hatos de ganado que poseían esos predios han implicado muchos esfuerzos financieros para adquirir ganado de raza; han hecho sacrificios para acrecentar el número de los mismos y han protegido sus propiedades con esmero y dedicación; sin embargo, nada se ha podido hacer ante el asalto del que han sido víctimas porque los delincuentes seguramente creen que cuentan con el apoyo de alguna autoridad.

El Gobierno central, la gobernación, las autoridades judiciales y policiales por un elemental sentido de equidad y justicia deberían adoptar actitudes frente a estos problemas y darles solución en el menor tiempo, puesto que los detentadores de todas esas propiedades víctimas del asalto podrían alegar alguna legalidad por efecto del censo agropecuario y de otras medidas gubernamentales. No remediar esta situación injusta significará, simplemente, carencia de decisión y carácter para imponer la ley, para preservar la propiedad ajena y evitar que en el futuro se cometan iguales o peores asaltos a lo privado.

Mientras los casos de asaltos en Santa Cruz, Beni y otros sitios del país no tengan las soluciones debidas, el cauce para que se cometan delitos similares está abierto y la responsabilidad, más temprano que tarde, será endilgada a quienes no han podido o no han querido poner remedios.