Brasil reconoció impacto de represas según acta del 2008

EL DIARIO y Agencias.- Según el exviceministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, “las dos obras en proceso de construcción final forman parte de un paquete de 20 represas con inversión privada que el Gobierno brasileño está alentando en el vecino país”.

LUCRO Y DESARROLLISMO

De acuerdo a las explicaciones de Ramos, quien estuvo en ese cargo hasta el 2010, “la estrategia brasileña obedece al interés de lucro y al desarrollismo que favorece a grandes intereses de capitales brasileños”. Ambas obras se enmarcan en los intereses de la burguesía brasileña que busca la expoliación de los recursos naturales para acceder a materia prima barata.

“Es la máxima expresión del desarrollismo extractivista”, sostuvo en el foro ‘Análisis de la situación de las represas en la cuenca del Madera’, auspiciado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés.

Según sostuvo, el Brasil unilateralmente decidió impulsar la construcción de ambas represas el 2007 en el marco del “desarrollo de su política soberana”.

Teresa Flores, una ambientalista independiente, observó la ampliación de la frontera hidrocarburífera en Bolivia cuando la estatal petrolera YPFB anunció la exploración en las zonas denominadas no tradicionales en el norte de La Paz a las que calificó como “las más frágiles del país”, desde el punto de vista medioambiental.

IIRSA

La exautoridad dijo que las represas forman parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), estrategia vigente desde hace dos décadas y en cuyo marco el Gobierno nacional pretendía construir una carretera de exportación por el Tipnis.

En esa misma dirección, Patricia Molina, del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), y Abraham Cuéllar, exsenador del departamento de Pando, denunciaron en una entrevista en Erbol que el 2007, las autoridades bolivianas tomaron conocimiento de que el estudio de evaluación de impacto ambiental de las represas brasileñas advertían que el funcionamiento de las mismas iba a tener consecuencias negativas en nuestro país y que había sido observado por la autoridad brasileña del medioambiente (Ibama), la cual le negó inicialmente la licencia ambiental al Consorcio constructor de San Antonio, a la cabeza de la empresa Odebrecht.

Molina y Cuéllar participaron hace un par de semanas en el foro de la UMSA. Según informaron los entrevistados, a pesar de ello el gobierno de Lula Da Silva decidió despedir a los responsables de Ibama para posesionar a otros funcionarios que luego le concedió la licencia ambiental. “Descabezaron el Ibama”, enfatizó Cuéllar. A partir de ese momento, el proyecto pudo proseguir, tras una decisión eminentemente política y no técnica.

El exviceministro Ramos, comentó que en el noroeste del país se ha generado una “descomunal inundación” por efecto de las represas brasileñas que se encuentran muy próximas a la frontera con Bolivia.

“FALSO DEBATE”

El vicepresidente, Álvaro García Linera, calificó al extractivismo como “un falso debate” y una “muletilla” que se escucha en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela. Estos conceptos fueron vertidos por García Linera en noviembre del año pasado, cuando recibió el título de Doctor Honoris Causa en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) en Quito, Ecuador. El extractivismo es cuestionado en Bolivia por varios especialistas y ambientalistas quienes señalan que es una de las causas del cambio climático que vive el país a partir de la producción hidrocarburífera y minera principalmente por su alto nivel de contaminación.

García Linera denunció en su discurso de circunstancia la existencia de una “confabulación extranjera y empresarial en torno a un territorio indígena (Tipnis)” y señaló que en “este debate del extractivismo versus vivir bien los quieren colocar como si fueran dos antípodas, como elementos contradictorios” y agregó que “el problema no está en el extractivismo, sino en el modo de producción”.

DEFORESTACIÓN

El experto en forestación y docente universitario, Luis Goitia, detalló la contradicción de que en Bolivia no hay una política de Estado en el campo forestal. Señaló que el país “vive una deforestación de inmensas áreas a un ritmo de 400 mil hectáreas por año, y mencionó la carencia de una producción maderera sostenible que en Chile, por ejemplo, mueve $us 6 mil millones, país que no tiene vocación forestal”. En su criterio, la deforestación a manos de la agroindustria y la ganadería agrava la fragilidad de extensas regiones en el noroeste del país.

Mario Chacón Bozo