La representante de Fobomade, Patricia Molina, recordó que el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia contrató a una consultora canadiense, Tecsult, para que estudie los posibles impactos de las represas del río Madera sobre Bolivia. Han pasado varios años de aquello y no se conoce lo que sucedió con el contrato de 8.2 millones de dólares.
“Parece que en ese estudio se recomienda no construir la represa de Cachuela. No se conoce qué pasó con los otros estudios que formaban parte del contrato, como el estudio de los impactos de las represas brasileñas en Bolivia y el del potencial hidroeléctrico de la cuenca. En todo caso lo que sucedió con el contrato parece ser un secreto de Estado”, indicó Molina.
Ante la pregunta de si a partir de este año, los bolivianos tendrán que enfrentar con inundaciones anuales de similar magnitud, los entrevistados coincidieron en que es fundamental estudiar en serio el tema para obtener conclusiones. En cuanto a los daños ya causados, Molina planteó la necesidad de que el Estado boliviano presente una demanda contra Brasil en el Tribunal de La Haya.
Por su parte, varias organizaciones orientadas a la defensa del medioambiente ya han presentado una querella en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que funciona en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA). En lo inmediato, dijo Molina, el Gobierno brasileño tendría que revocar la licencia a las dos empresas constructoras de Jiraú y Santo Antonio mientras no reparen los daños causados en ambos países.
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