Los gobernantes más costosos

En estos tiempos del denominado proceso de cambio, el Gobierno u Órgano Ejecutivo tiene dos cabezas, el Presidente y el Vicepresidente. A diferencia de los anteriores gobiernos, en los que el Vicepresidente era una figura de probable reemplazo en ausencia del Presidente y estaba a la cabeza simbólica del Órgano Legislativo, pues cada Cámara cuenta con su presidente, el actual Vicepresidente es una especie de co-Presidente y en consecuencia tiene a su disposición casi las mismas prerrogativas y bienes y servicios que otorga el Estado al Presidente.

El mismo Presidente del Estado Plurinacional en sus diarios viajes al interior y con frecuencia al exterior, el pasado 15 de marzo en la localidad de Ascanti en un acto de entrega de viviendas dijo: “Ser Presidente había sido reunión y reunión (...) y viajar y viajar (...) y con el compañero Álvaro cómo nos complementamos, él estudia... que estudia, revisa documentos y documentos, investiga que investiga. Tiene su conocimiento, él aprende libros y yo aprendo del pueblo”.

El Estado boliviano, es decir todos los bolivianos, en la lógica de exaltación del poder, le otorgamos al Presidente vivienda con todos las comodidades, servicio de atención domiciliaria, guardias, choferes, guardaespaldas, alimentación, vehículos, aviones, helicópteros, además de su salario mensual y los viáticos por sus viajes al interior y exterior (el Decreto Supremo No. 1.051 dispuso por día, para los funcionarios de primera categoría -Presidente y Vicepresidente- que percibirán $us 339 y $us. 283, según viajen a países más allá de Sudamérica y el Caribe, y el segundo monto si van a estos últimos países), por lo que se infiere que el Presidente mensualmente percibe un ingreso superior a su salario, lo mismo que el Vicepresidente y otros altos funcionarios. Para el interior es Bs. 522 por día.

En una anterior nota calculamos que anualmente los viajes presidenciales tienen un costo de alrededor de 10 millones de dólares, otro tanto para el Vice y demás funcionarios.

Las misiones y comisiones oficiales que constantemente viajan al interior y exterior del Estado, con todo motivo (con el asunto de la demanda marítima, fueron a la sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya dos numerosos grupos de funcionarios públicos, seguramente con un alto costo en pasajes y viáticos, el último encabezado por el Presidente), importan un elevado costo al Tesoro público. Seguramente la mayoría de la población boliviana apenas puede trasladarse a alguna provincia cercana a su lugar de residencia, debido a la carencia de recursos.

El último Presidente del ciclo histórico militar (1964-1982), Gral. Guido Vildoso, fue un ejemplo de austeridad, pues llegó hasta a prescindir de los motociclistas y vehículos de seguridad que acompañan al vehículo oficial, debido a los costos en carburantes y salarios. El actual Presidente del Estado Plurinacional es acompañado por media docena de vagonetas Toyota, cada una con dos agentes de seguridad y un chofer, lo que importa un personal de 18 individuos; el Vicepresidente con cuatro vehículos, además del que los transporta.

En una nota anterior demostramos que pese a las ligeras declaraciones de algunos jerarcas del partido de gobierno, seguimos siendo un país pobre, y los gobernantes deberían hacer conciencia de esta situación y disminuir los elevados costos que importan sus servicios, que a juicio de la opinión pública es escasa en resultados, pese a que el Estado en estos años ha percibido cinco veces más que anteriores gobiernos, debido a los elevados precios de materias primas que exportamos.

Cuando escribimos esta nota, el Presidente estaba de retorno de un viaje a La Haya, donde fue acompañado por una comitiva de gente de los órganos Ejecutivo y Legislativo, donde entregaron documentos adjuntos a la memoria en la demanda a Chile sobre el asunto marítimo, cuando esta labor pudo hacerla el agente boliviano para este proceso, que tiene el rango de embajador, ¿cuál fue el costo de este viaje?

Creemos que la opinión pública nacional merece un informe sobre los gastos que importa la labor de los gobernantes, si están ajustados a presupuesto aprobado y la correspondiente rendición de cuentas, como lo disponen las normas de ejecución y control de recursos fiscales.