Bolivia enfrenta 8 procesos de arbitraje internacional

El Estado boliviano enfrenta en la actualidad ocho procesos arbitrales con empresas internacionales en sectores como hidrocarburos, minería y energía por un monto aproximado a los 1.800 millones de dólares, informó el subprocurador de Defensa Legal de Estado, Pablo Menacho.

El caso más fuerte que enfrenta el Estado es con la empresa Pan American Energy que es el caso de la petrolera Chaco.

Entre los otros casos están la empresa Abertis Infraestructuras SA, Sabsa, La compañía chilena Quiborax y la empresa boliviana Nom Metalic S.A. Los casos como South American Silver ( Mallku Kota) Air BP, TDE, Iberbolivia S.A están con notificación de controversias y una de ellas con notificación de arbitraje, según el portal web de la entidad estatal.

De forma paralela y para no enfrentar en el futuro estos procesos que le restan a Estado varios millones de dólares, la Procuraduría del Estado informó que está elaborando el proyecto de ley de conciliación y arbitraje. La norma establece que cualquier controversia con las empresas nacionales o extranjeras se resuelva al interior del país en el marco del cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE).

Menacho aseguró que esta ley cerraría todo el panorama del régimen normativo para la protección de las inversiones en Bolivia con el fin de otorgarles un marco legar donde puedan venir a invertir procurando el desarrollo del Estado.

Una de las principales características del proyecto de ley es el respeto a la jurisdicción estatal y especialmente que todos los temas se resuelven al interior del Estado.

“Reconocemos las formas de arbitraje que nos manda reconocer la CPE pero se excluye cualquier sistema de protección internacional por las falencias que nos han mostrado estos sistemas desarrollados a través de los tratados bilaterales de inversión”, agregó.

En marzo se aprobó la Ley de Promoción a las Inversiones que establece normas claras para el accionar de las empresas que pretendan invertir en el país. Estipula también claridad jurídica para la protección a las inversiones, pero siempre que se priorice el desarrollo nacional.

“La ley de conciliación y arbitraje va a cerrar ese ciclo, ya la estamos trabajando en el ámbito del arbitraje comercial y de los privados y se va a tomar en cuenta todas las provisiones constitucionales con relación al régimen de recursos naturales y la participación del Estado en los arbitrajes”, afirmó Menacho.

CONVENIO

La Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción firmaron un convenio para ejecutar acciones conjuntas orientadas a la defensa y efectiva recuperación patrimonial del Estado. Además se generarán mecanismos necesarios para compartir información y datos de los sistemas informáticos en temas que involucren los bienes, intereses y patrimonio del Estado, para asumir acciones oportunas de precautela, defensa y lucha contra la corrupción.