Denuncian insólito rechazo fiscal que impide enjuiciar a jueces

César Oliva, abogado defensor del general (r) Gary Prado Salmón, acusó de insólita una resolución de la Fiscalía Anticorrupción de Tarija, que en los últimos días rechazó una demanda para procesar a los miembros del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz por haber declarado de forma injustificada rebeldes a cuatro procesados en el caso Terrorismo. “Ahora tras esta decisión, los jueces deben esperar hasta el jueves para una audiencia de recusación en la ciudad de Santa Cruz”.

El jurista explicó que la denuncia fue sorteada en octubre de 2012, a la fiscal anticorrupción de apellido Moller, para que investigue a los jueces técnicos Sixto Fernández, Elena Gemio y a las juezas ciudadanas Anastasia Calisaya y Sonia Mamani, bajo cargos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, planteado por el abogado Gary Prado hijo.

La demanda argumentó que dicho Tribunal, en el marco de la primera audiencia de juicio oral por caso Terrorismo instalado en Tarija, declaró rebeldes a tres procesados con discapacidad motriz y cardiaca, entre ellos el general Prado Salmón y al otro detenido preventivo en el penal de El Abra, Ignacio Villa Vargas, en ese momento interno en el hospital Viedma de Cochabamba.

Dijo que tanto Prado Salmón como Villa Vargas acreditaron situación de discapacidad motriz y de salud avalado por informes médicos forenses, y no obstante a este impedimento, fueron declarados rebeldes a pesar de que Villa Vargas en dicha audiencia estuvo representado por un abogado de la Defensa Pública que acreditó poder legal.

Recordó que un pre-infarto afectó al también discapacitado Ronald Castedo Allerding en enero de 2013, lo que motivó al tribunal a desplazarse a la ciudad de Santa Cruz, donde Prado Salmón compareció y fue obligado a purgar en rebeldía. En marzo de 2013, el Tribunal Constitucional, en revisión de una Acción de Libertad inicialmente denegada, concedió la tutela a Prado Salmón y declaró nula la resolución judicial que lo convirtió en “rebelde y contumaz a la ley”.

Oliva dijo que la sola Sentencia Constitucional 130/2013 bastaría de plena prueba del ilícito cometido por el Tribunal. Sin embargo, la fiscal a cargo de la investigación en Tarija resolvió rechazar la denuncia por no hallar suficientes elementos de convicción para imputar a los jueces.

A tiempo de justificar lo insólito de esta decisión, el abogado recordó que curiosamente en el audio revelado por la senadora Carmen Eva Gonzales de la supuesta reunión entre el fiscal general, Ramiro Guerrero, y los fiscales de la comisión del caso Terrorismo, se escucha a una voz que pide al Fiscal General controlar a la fiscal de Tarija para contentar a las juezas ciudadanas.