El representante del Defensor del Pueblo en El Alto, José Luis Hidalgo, aseguró que las normas internas, tanto de la Policía Boliviana como de las Fuerzas Armadas (FFAA), no contemplan varios cánones, como la Ley 045 Contra el racismo y toda clase de discriminación, por lo que debieran ser actualizadas conforme a lo que establece la propia Constitución Política del Estado (CPE).
La autoridad observó, en los talleres desarrollados por esta instancia en diferentes unidades militares y policiales, que sus propias normas internas, como la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas no estén adecuadas a las actuales normas como es la ley 045, 348 Contra la Violencia Intrafamiliar o la Ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz, factor que genera impunidad en los casos denunciados.
Hidalgo identifica incluso el desconocimiento de las nuevas normativas por parte de los uniformados, aspecto que impide asumir acciones respectivas por no saber los procedimientos que requiere dichas denuncias en las instancias correspondientes.
“En los talleres hemos observado que ellos debieran ajustar sus normas, actualizarlas, porque sus reglamentos internos son muy verticales. Por ejemplo, en el caso de la Ley 045, se establece que todas las instituciones públicas y privadas, entre ellas Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, tienen que adecuar sus reglamentos internos como establece incluso la propia Constitución Política del Estado y cuando fueron consultadas si sus normas están adecuadas la respuesta fue negativa”, observó Hidalgo.
Al interior, de las FFAA y de la propia Policía, cuando se presentan casos de discriminación o racismo establecen que siempre se aplican sus mecanismos internos, pero los mismos no incorpora la figura de éste delito, para la sanción administrativa quedando impune en favor de los responsables.
Otra de las observaciones, por ejemplo, es cuando se establece que la propia infraestructura sobre todo de las FFAA en las unidades castrenses de poblaciones rurales no incorporan una adecuación de sus espacios tanto para hombres como para mujeres, por lo que ellas deben adecuarse no sólo a un sistema de trato machista sino a una infraestructura diseñada sólo para varones.
“Por lo tanto, a estas normas, como la 045, no se da cumplimiento al interior de las FFAA y menos de la Policía Boliviana donde las instancias de la jerarquía en estas instituciones cerradas no toman en cuenta que existen derechos horizontales como el derecho a la salud, educación, vivienda, a la vida y que estas no pueden ser atendidas de acuerdo con el nivel jerárquico de las personas”, explicó Hidalgo.
Para el Defensor del Pueblo en El Alto, en varias ocasiones fue el temor antes que la inexistencia de estos delitos los que impiden a que las víctimas logren interponer sus denuncias correspondientes pese a que en esta instancia estatal se les garantiza no dar a conocer la identificación de los denunciantes para evitar las represalias al interior de las instituciones uniformadas.
En la presente gestión, si bien no se presentaron denuncias, la autoridad recuerda que en la pasada gestión las denuncias fueron frecuentes por el abuso cometido por algunos oficiales o uniformados de alto rango en ambas instituciones dependientes del Estado.
Para Hidalgo, los uniformados de baja graduación de las FFAA asumieron sus acciones, ahora de manera pública, ante la negativa de las instancias internas y políticas mientras buscan actualizar sus normas internas en base a la CPE y las actuales normas.
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