Catastrófica crisis de Órgano Judicial

El sistema judicial del país estuvo siendo denunciado desde hace varios años de hallarse en un estado de crisis interna de alta peligrosidad. Al mismo tiempo se afirmaba que otros órganos o poderes del Estado se encontraban sufriendo problemas de diverso tipo. En esa forma, en general, todo el aparato del Estado, formado por los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, vivían momentos delicados que requerían atención.

A la par de esas denuncias, diversos gobiernos estuvieron afirmando que ese anormal estado de cosas era verídico e inclusive adoptaron medidas para proceder al saneamiento de lo que se denominaba “enfermedad del sistema”. En todo caso, las denuncias no llegaron al extremo de desahuciar al enfermo ni anunciar que su estado era de extrema gravedad y que requería una junta de médicos, el extremo de la terapia intensiva y tal vez anunciar que requería de los santos óleos.

En general se consideraba que algo andaba mal y que si no fallecía el paciente, por lo menos no se agravaría. Todo era cuestión de tiempo y de terapias oportunas.

Sin embargo, pasado el tiempo y pese a los alarmantes diagnósticos, los problemas de salud del Órgano Judicial continuaron y el Órgano Ejecutivo actual comunicó que procedería a sanear el cuerpo enfermo y adoptó algunas medidas, entre ellas una de máxima urgencia, que consistió en poner fin a la cabeza del aparato y cambiar todo su personal mediante elecciones populares que se encargarían de arreglar la cúpula del organismo, ya poco menos que víctima de una infección general conocida como septicemia.

El anuncio, por un lado, causó una ola de entusiasmo, pero, por otro, con anticipación se opinó que el tratamiento no daría buen resultado y que finalmente la medicina sería peor que la enfermedad. Los pronósticos no tardaron en producirse y el primero resultó un fracaso completo, mientras el segundo se confirmó a plenitud. En síntesis, la cirugía mayor de reformar el mecanismo judicial por medio de elección de magistrados se convirtió en un desastre que hasta los mismos autores del sui generis tratamiento confirmaron con sus propias palabras.

El grave estado del Órgano Judicial fue denunciado inicialmente por el presidente Evo morales y enseguida por el vicepresidente Álvaro García Linera, que condenaron a los mecanismos judiciales con los conceptos más duros y, al mismo tiempo, ofrecieron someterlos a medidas sanitarias extremas, ya que el paciente se encontraba “en estado de coma” y no quedaba otro remedio que erradicar a magistrados, jueces, fiscales y funcionarios de todos los niveles de la Justicia.

Para cerrar este episodio que tiene avergonzado al país, ya que la enfermedad de un Órgano del Estado contagia y afecta a los órganos Ejecutivo y Legislativo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, acaba de declarar que el enfermo está en verdadero estado de agonía y que la autoridades judiciales se han convertido en verdaderas “asaltantes” de la población y que ni en ese nivel existe seguridad ciudadana.

Las palabras del ministro Romero son pocos menos que escalofriantes, pues aseguró de forma categórica lo siguiente: “Aquí nadie puede meter las manos al fuego por ningún juez ni fiscal (…), es el peor problema que arrastramos en toda la historia de este país, yo creo que es el peor momento del sistema judicial de Bolivia; el sistema judicial asalta (sic) a la gente desde los tribunales en vez de hacer justicia y resolver las denuncias”.

Tan grave denuncia no merece mayor difusión, pues queda decir “a confesión de parte, relevo de prueba”. Únicamente un alto magistrado ha reaccionado en defensa de su dignidad y ha dicho que el Ministro debe hacer denuncias concretas y no hacer generalizaciones que dañan el prestigio del país.