Comisión ‘Justicia y Verdad’ pide interpelación a Romero

Asambleístas de la denominada Comisión de “Justicia y Verdad” exigen al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, interpelar en sesión de congreso al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que responda por haber comprometido a los miembros de esa instancia con personajes políticos de oposición, entre exiliados y prófugos, en una solicitada publicada por los medios progubernamentales.

“De acuerdo al reglamento estamos hablando como máximo de un plazo de siete días para señalar sesión de asamblea de interpelación al Ministro de Gobierno y lo desafiamos a Álvaro García Linera que cumpla el reglamento y la próxima semana estemos aquí debatiendo la acusación infame que nos han hecho a la Comisión de Justicia y Verdad”, afirmó la diputada disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado.

El Ministerio de Gobierno, mediante una publicación en los medios paraestatales de todo el país, mostró mediante el diagrama de una telaraña el supuesto accionar de la oposición que manipula el caso terrorismo y separatismo, acusando a los diputados opositores de ser parte de esa célula terrorista contra el Gobierno.

Asimismo, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, acusó el lunes 14 de abril a los diputados de esta comisión de armar una estrategia bajo las instrucciones de Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes y otros exlíderes políticos para “tumbar” el caso terrorismo y separatismo, desestabilizar al Gobierno y a su persona.

Entre las preguntas que prepararon para el ministro Romero están: “Explique el Ministro de Gobierno los fundamentos jurídicos, motivos y ¿qué pruebas fehacientes documentadas e incontrastables han motivado para que el día 16 de abril de 2014 del año en curso, su autoridad haya solicitado la publicación de una solicitada pagada en varios medios de comunicación en toda una plana con los rostros de Asambleístas Nacionales en la solicitada vinculándolos a una “Célula separatista” que “continúa vigente” vulnerando el principio constitucional de presunción de inocencia y el sagrado derecho de imagen, honra y reputación protegido por la Constitución Política del Estado”.

En ese marco, el asambleísta Fabián Yacsik afirmó que este es un acto parlamentario con el que se pretende que el ministro Romero demuestre las pruebas que tiene para sus acusaciones y si no presenta dichas pruebas, el Legislativo deberá censurarlo y destituirlo como autoridad de Gobierno según lo establece la Constitución boliviana y el reglamento camaral.