El canciller de Chile Heraldo Muñoz afirmó que, debido a las características de la demanda boliviana, basada en supuestos derechos expectaticios, y con componentes políticos y comunicacionales, estos deben ser enfrentados por su país con mayores esfuerzos a nivel de “diplomacia pública”.
“Vamos a ejercer todos los derechos y a utilizar todos los recursos para defender el interés nacional”, señaló Muñoz.
En ese marco, se reunió con parlamentarios chilenos para profundizar en la estrategia chilena para afrontar las dimensiones políticas y comunicacionales del caso, paralelas a la defensa jurídica que prepara el equipo liderado por el agente Felipe Bulnes y el coagente Claudio Grossman.
Muñoz detalló a los diputados -según afirman cuatro de ellos quienes participaron de la reunión de carácter privada- que Chile contratará una asesoría internacional en materia de comunicaciones para ayudar a esa labor y focalizar la ofensiva mediática del país.
En el marco de la ofensiva comunicacional y política de Bolivia, en semanas previas el presidente Evo Morales anunció la designación de un embajador itinerante que trabajará en instalar la postura boliviana respecto a la demanda marítima a nivel internacional. En abril de 2013, poco antes de presentar la demanda, el Jefe de Estado anunció “recursos ilimitados” para financiar la ofensiva y la defensa jurídica de su país.
La Cancillería chilena, por su parte, maneja fondos de programas especiales de la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol) donde están contemplados recursos para defensas judiciales, estudios limítrofes y marítimos incluyendo la demanda boliviana. En el presupuesto de 2014 se aprobaron $us 10 mil 979 millones aproximados para dicho programa.
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