Incremento de sueldos y salarios

Son graves y no pocas las consecuencias del aumento de sueldos y salarios dispuesto por el Gobierno y la COB, en ausencia absoluta de los empleadores. La medida comprende 20% al sueldo básico y 10% a la masa salarial del resto de trabajadores. En la empresa privada este 10% es básico y se abre la negociación con su personal. Esta carga económica retroactiva sumada al segundo aguinaldo 2013 que muchas empresas acaban de pagar, determinará el cierre inminente de una serie de factorías pequeñas y aun medianas, así como de las microempresas, acarreando la pérdida de empleos y la restricción de nuevas contrataciones. Por estos caminos la desocupación crece en un país en el cual solamente del 20% al 25% cuenta con fuente segura de trabajo.

El resto de la población no goza de salarios estables ni dignos y subsiste en la informalidad o simplemente es indigente. Si toda medida de este tipo es inflacionaria por sí, el sector informal y desocupado tendrá que sufrirla sin el auxilio salarial ni el de los incrementos. El Gobierno sólo manejó los pedidos sindicales, pero no sopesa que su política hiere gravemente la creación de nuevos empleos. Muchos de los trabajadores no calificados o llegados del campo perciben el sueldo mínimo nacional, pero su incremento anual desalienta incorporarlos al trabajo, dificultando la apertura de nuevas fuentes laborales. Se trata a la vez de medidas desalentadoras de nuevas inversiones que son la clave de la creación de empleos.

Para hacer frente a la situación, las empresas no tendrán otro remedio que subir el precio de su oferta, en perjuicio de los consumidores, favoreciendo indirectamente al contrabando.

Esta política disminuye la competitividad productiva nacional, hondamente afectada por la apreciación de la moneda nacional respecto al dólar, es decir que las expectativas exportadoras son el blanco de un impacto doble.

Si 11 empresas públicas han acumulado un alarmante déficit el 2013, estimado en Bs. 2.301 millones, pese al cuantioso auxilio del Banco Central por 5.345 millones de dólares, se puede imaginar los aprietos en los que se desenvuelve nuestra incipiente industria, acosada además por el Servicio de Impuestos Internos con subidos impuestos, tasas y multas expropiatorias, según recientes denuncias. Entre esas 11 empresas estatales deficitarias, YPFB se inscribe en primer lugar con Bs. 608 millones, le sigue Comibol con Bs. 218 millones y las demás con montos no menos considerables.

El Gobierno debería pensar seriamente en cómo hacer rentables a sus empresas a fin de que dejen de absorber ingentes recursos públicos, aunque se diga que algunas deben su desequilibrio a inversiones. Por ejemplo la estatal Empresa Huanuni, independiente de Comibol, es también deficitaria. La causa no es otra que los astronómicos sueldos a sus trabajadores, algunos de los cuales perciben Bs. 35.000 mensuales (¿?) y el incremento del 10% les aportará 3.500 bolivianos más. La política salarial sería inteligente y equitativa si fuera diferenciada según rubros productivos y estado situacional que, por supuesto, no es ni puede ser igual.