El crecimiento de la corrupción en esferas administrativas del Estado registra un proceso sostenido de crecimiento, según datos proporcionados por el Ministerio de Transparencia. Al mismo tiempo, la responsable de ese despacho anunció que hace esfuerzos para combatir esa lacra y afirmó que su trabajo “no es de rosas, sino que es un camino lleno de espinas”, un sacrificio tergiversado por “algunas publicaciones y titulares malintencionados”, basados en un informe de Barómetro.
Frente a las críticas sobre el crecimiento de la corrupción en medios oficiales, algunos organismos internacionales como la Onudd, BM y BID también dijeron que en Bolivia se cosechó resultados positivos en materia de anticorrupción que sería necesario tomar en cuenta.
Si bien es cierto que el Ministerio de Transparencia tiene en práctica una serie de medidas para combatir la corrupción, no deja de ser verdad que, por otro lado, ese problema de la corrupción no sólo ha aumentado sino se ha agigantado no únicamente en cantidad sino también en calidad, pues las referencias revelan, por un lado, que los casos aislados son más numerosos, mientras, por otro, nuevas denuncias hacen conocer que los procedimientos y cuantía de los delitos se van “perfeccionando” y son de proporciones cada vez más enormes y hasta en altas dependencias del Estado.
Según dicho Ministerio, en últimos años los casos denunciados a esa dependencia estatal alcanzaron el destacable número de 13.293 casos, cantidad que significa que el problema ha crecido ya no sólo en progresión aritmética, sino también geométrica. En efecto, el hecho de que se haya procesado ese considerable número de denuncias es de por sí alarmante y querría decir que tiene proporciones verdaderamente preocupantes.
Enfrentando esa situación, la ministra Nardi Suxo también mostró que su dependencia administrativa hace esfuerzos para encarar la cuestión, como haber creado 248 oficinas de investigación (llamadas de transparencia) en instituciones públicas como la Policía, el sistema de salud, el órgano Judicial y otros, pero enseguida revela otras cifras, confirmando que, pese a esos esfuerzos, el mal no tiene remedio y las medicinas parece que resultan peor que la enfermedad.
Por otro lado, mientras la Ministra afirma que en ese “camino lleno de espinas” se lucha contra la corrupción a brazo partido, por otro hace conocer un dato contradictorio y muestra que de más de 13 mil casos de corrupción procesados, únicamente se dictó 88 sentencias, o sea que las sanciones sólo recayeron sobre menos del uno por ciento de los autores de delitos en dependencias estatales.
Los datos oficiales revelados en días pasados confirman tres aspectos: 1) que la corrupción en medios oficiales sigue creciendo en cantidad y calidad, 2) que las autoridades adoptan diversas medidas para controlar ese problema, pero que ellas serían inefectivas y 3) que pese a todo se hace muy poco para castigar a los autores de los delitos conocidos y en realidad ellos seguirían campantes inclusive en sus escritorios burocráticos.
Hace ocho años se aseguró que la corrupción en medios oficiales iba a desaparecer en absoluto y se adoptaron las más amplias medidas para combatirla. Es más, fueron dictadas normas draconianas para acabar con el problema, se dictó una Ley particular para el caso, se creó nuevas sanciones, se abrió las puertas de las cárceles para que se aprese a los delincuentes; pero pasado el tiempo, al parecer los deseos han caído en saco roto.
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