Dictan detención domiciliaria para exnovia de periodista

Tarija (EL DIARIO).- La juez de Instrucción Cautelar Cuarto de la Capital, Teresa Villena Sucre, dispuso la detención domiciliaria de Gabriela Torres Araoz, que guardaba detención preventiva en el penal de Morros Blancos hace dos meses y una semana, como principal acusada por el supuesto delito de asesinato, en el caso del periodista desaparecido, Cristian Osvaldo Mariscal Calvimontes. La determinación se dio ayer en horas de la mañana, en la segunda audiencia de apelación.

Rafael Gómez, abogado defensor de Torrez Araos, indicó que desde la fecha su defendida permanecerá en su domicilio con custodia policial, mientras se desarrollen las investigaciones del caso.

“Se va cumplir con la presentación de dos fiadores personales para avalar su detención y cumplir la acción procesal, tomando en cuenta que de las 13 evidencias, 11 fueron destruidas, dos se mantienen en investigación, entre ellas una supuesta mancha de sangre cerca del lavarropas”, explicó Gómez.

Mientras, Thamer Medina, abogado de la familia Mariscal,  calificó la resolución  de la juez  de “extraña y fuera de lugar”, porque en el transcurso de la audiencia la defensa de Torres no  logró introducir, un solo elemento para desvirtuar los elementos que la juez consideró en la audiencia anterior para la detención preventiva, por lo que se apelará la resolución.

“Sin embargo, se estaría demostrando la operación de la mano negra que nosotros

hemos  denunciado días atrás. Es más no se establece sin ninguna fundamentación se cambie la medida de detención preventiva  con una detención domiciliaria”, comentó.

Por otro lado, Medina dijo que  este tipo de resoluciones se dan “por la inoperancia y negligencia e incapacidad del Ministerio Público”. Agregó que con el tiempo se corre el riesgo que las pruebas sean alteradas, los testigos sean comprados e incluso la memoria se borre en muchos y se pierda el interés social del caso.

Recordó que fue la familia Mariscal fue la que realizó varias solicitudes dentro del proceso de investigación, entre ellas se requirió la prueba de luminol, a consecuencia de ello se dio la prueba de ADN, resultados del cual hasta la fecha no se conocen, a lo que se suma la pericia informática a los celulares  decomisados.

“Hay muchas otras actuaciones solicitadas por la familia, que hasta la fecha han tenido oídos sordos, sin resultados y nos vienen con cuentos y diferentes versiones que fueron ampliando los plazos sin explicaciones razonables”, agregó.

Sobre el tema, el fiscal de distrito, Gilbert Muñoz, dijo que no correspondía suspender las medidas cautelares porque se presentaron nuevos elementos probatorios y existen evidencias que fortalecen los elementos del proceso.  Sin embargo, la resolución de la juez será sometida a una evaluación y en el plazo de 72 horas el Ministerio Público y la victima pueda pronunciarse sobre el tema.

Muñoz indicó que el Ministerio Público  en su momento conformó un equipo de fiscales que están a cargo de la fiscal en materia, Pamela Ovando, Paola Córdova y su persona que realizan un seguimiento pormenorizado del caso.

El fiscal aclaró que el proceso del caso Mariscal inició el 24 de enero del 2014, el 20 de febrero el ministerio Público dispone la aprehensión  de dos personas que se las somete a medidas

cautelares, es así que una guardaba detención preventiva en Morros Blancos y la otra detención domiciliaria, ambas sujetas a un proceso de investigación. “Si bien es cierto que la desaparición de Osvaldo Mariscal data de un poco más atrás del 24 de enero, tampoco es evidente que el proceso haya comenzado de manera inmediata, porque la normativa establece que la Policía recién empieza a hacer la búsqueda de una persona desaparecida a partir de los tres días”, explicó.