Contienda de dos mujeres en la APLP

Un acontecimiento histórico se registró en los 85 años de vida de la APLP (Asociación de Periodistas de La Paz). Dos mujeres postularon a la presidencia del Directorio para la gestión 2014-2016, Lupe Cajías y Danna Lema.

Lupe Cajías resultó ser la elegida por amplio margen de votos, de acuerdo con el cómputo efectuado por un Jurado Electoral, integrado por representantes de la APLP y de las dos únicas candidaturas concurrentes al acto eleccionario. Un Notario de Fe Pública actuó de supervisor, en tanto que la presidencia del Jurado la ejerció el periodista René Carvajal, secretario general de la Federación de Periodistas de Bolivia.

Lupe encabezó la fórmula que se identificó como la Institucional y Danna lo hizo por el Frente Bisco, que representó a un Partido, como explicó ella. Esta resultó ser una novedad, nunca antes en las elecciones de la APLP intervino un partido político.

Otros sucesos notables con la elección de Lupe es que ejercerá la presidencia de la APLP por segunda vez. Su primera gestión la cumplió en 1992-1994. Pero, la circunstancia es más trascendental todavía. Si bien Lupe ejercerá nuevamente el cargo, de todas maneras se mantiene el hecho de que es la segunda mujer que dirige la APLP.

La primera fue la extinta Ana María Romero de Campero, quien fue una de las personalidades estelares del periodismo local, que condujo la entidad en el período 1988-1900. Bajo su mandato se instituyó el Premio Nacional de Periodismo.

Con anterioridad, Ana María fue invitada por el presidente Walter Guevara a ser Ministra de Información. Su gestión, empero, fue muy corta, Guevara fue derrocado por el golpe militar de Alberto Natusch. Por esta infausta razón, Ana María desempeñó el cargo por sólo tres meses. El mandato de Guevara, surgido de una decisión del Congreso Nacional, duró del 8 de agosto al 1 de noviembre de 1979.

Lupe, que es una distinguida periodista profesional e historiadora egresada de la UMSA, a su vez, desempeñó una alta función en el gobierno de Carlos Mesa Gisbert (18 de octubre de 2003-8 de junio de 2005). Tuvo, entre otras, la misión de luchar contra la corrupción, por lo que se la nominó “Zarina” Anticorrupción.

El Directorio que acompañará a Lupe en la conducción de la APLP está formado por una alianza de periodistas independientes, de larga y nueva trayectoria, comprometida en sostener la independencia institucional de la APLP. Sus integrantes son:

Vicepresidente, Raúl Peñaranda; Fiscal General, Rafael Archondo; Secretario General, Víctor Silva; Secretario de Régimen Interno, Marcelo Royo; Secretario de Hacienda, Reynaldo García Cárdenas; Secretaria de Prensa y Cultura, Gloria Martínez; Secretaria de Libertad de Prensa, Circe Araníbar; Secretaria de Actas, María Elena Ríos; Vocales: Isabel Mercado, Javier Castaños, Magaly Vega y Loida Rodríguez. Tribunal de Honor: Mario Castro, Mario Ríos Gastelú, Renán Estenssoro, Luis Quezada y María Eugenia Verástegui.

El nuevo Directorio de la APLP será posesionado el viernes 9 de mayo, en homenaje al Día del Periodista; aunque esta fecha se celebra el día 10, este año cae en día sábado.

Concluirá ese día su gestión el Directorio presidido por Antonio Vargas, quien es digno del mayor reconocimiento gremial por su puntual y firme defensa de la libertad de expresión y de prensa. Y contó, como garantía en la administración esmerada de la economía institucional, a la periodista y abogada Leslie Rojas.

A Vargas, actual docente de la carrera de Comunicación de la UMSA, le correspondió presidir la APLP en un período muy difícil, pues el gobierno de Evo Morales se empeñó en vulnerar aquellos principios y derechos.

Aparte de cooptar medios, promulgó la ley Contra el Racismo y la Discriminación, que impone regulaciones para coartar la libertad de información, incluyendo hasta la pena de cárcel para periodistas.

En tanto, la ley del Tribunal Supremo Electoral, entre sus disposiciones represivas contra el ejercicio periodístico, prohíbe realizar entrevistas a los candidatos que participen en los procesos eleccionarios.

Pese a la imposición de tales normas que violan el derecho de los bolivianos de acceder a información amplia e independiente, la firmeza de la defensa de Vargas en la libertad de expresión y de prensa impidió, por lo menos hasta el presente, que se apruebe una Ley de Medios, que implicaría la revocatoria de la Ley de Imprenta de 1925, único baluarte de protección legal que tienen los periodistas.