Incrementos salariales aumentan la inflación

Hay discrepancias, especialmente con la COB, sobre la fijación de un aumento del 20% en el salario mínimo nacional y un 10% para toda actividad que signifique empleo. El caso, sea cual fuere el porcentaje promedio que se adopte, es preocupante porque implica, en sus derivaciones, aumentar seriamente el proceso inflacionario que es imparable.

Creer que aumentando sueldos y salarios con el estilo de la UDP en los primeros años del 80, es pensar ficticiamente y pisar en falso porque se ha comprobado que es el peor paso que se pueda dar para solventar la economía de quienes prestan servicios sea como obreros o empleados en la administración pública o en la actividad privada; es, en buenas cuentas, condenar a la población a sufrir el encarecimiento de todo lo que consume y usa.

Todo aumento general de sueldos y salarios implica inflación y ésta se refleja especialmente en el excesivo aumento de precios en todo lo que contiene la canasta familiar y en todo gasto que realice la comunidad nacional porque los comerciantes – empezando por los contrabandistas – no sólo elevan precios en los porcentajes que significan los incrementos salariales sino en proporciones muy altas que en casos llegan a más del cien por ciento.

Las experiencias son notables: en los días del gasolinazo dispuesto por el Gobierno, automáticamente se subió precios no sólo en la proporción de lo que subieron los precios de la gasolina y otros carburantes sino mucho más y, cuando el Gobierno se arrepintió de la medida, reponiendo precios anteriores, lo que subió el comercio en general no bajó, y los precios quedaron en cifras mayores. Tan sólo esta experiencia debería servir para evitar aumentos generales.

Se debe recordar, además, que el Decreto Supremo 21.060, aún vigente, establece que el Gobierno fija aumentos compensatorios de la inflación sólo para fijar el mínimo nacional y porcentajes para el sector público. Esos porcentajes resultan referenciales para el sector privado con objeto de que en conversaciones con sus trabajadores, con base en realidades y posibilidades, las empresas acuerden incrementos. La nueva disposición del 10% resulta ser única o, en casos, básica para mayores aumentos que, en la mayoría de las empresas no es posible cumplir.

Es preciso tomar en cuenta que el doble aguinaldo ha causado serios trastornos a toda la actividad productiva y, ahora, un nuevo incremento implicará, de hecho, poner en riesgo a las empresas que estarían en peligro de cerrarse o disminuir personal. La medida de aumentar sueldos y salarios en forma discrecional no es otra cosa que subir la inflación, desalentar las inversiones, producir más desempleo y, sobre todo, encarecer el costo de vida y todo ello quiere decir empobrecer más a quienes están sujetos a ingresos fijos como son sueldos y salarios. Hay pasos que, al parecer, son positivos para los trabajadores pero que en sus consecuencias resultan totalmente contrarios a todo el país.