Autoridad no implica abusos ni reclamar derechos, anarquía

En los regímenes gubernamentales, legales o de facto, siempre se tuvo que lamentar el abuso de quienes cuentan con el poder, y la anarquía que se siembra en todo el país por parte de sectores de la población.

Hay verdades que parecen difíciles de entender a quienes han gobernado o gobiernan el país porque el cometer abusos tiene diferentes matices, como es el caso de la persecución a los contrarios, a los disidentes, a los inconformes, a los que no piensan igual, a los que critican o hacen ver los yerros cometidos y, como extremo de todo, se permite el asalto a la propiedad privada por parte de grupos vandálicos; se permite también la práctica de una “justicia comunitaria” que, en los hechos, resulta ser una aberración de lo que debería significar la justicia; y todo, absolutamente todo ello, se produce sin juzgamiento ni sanción alguna.

El abuso de poder implica no cumplir debidamente con los postulados constitucionales, disponer casi festinatoriamente de los medios financieros, realizar compras sin licitación alguna o sin cumplir reglas claras que señalan las leyes; favorecer sólo a quienes apoyan al régimen; realizar obras de poca consistencia; descuidar aspectos fundamentales como la salud, la educación, la construcción de infraestructura y gastar dinero en cuestiones completamente prescindibles.

Los abusos que se cometen en nombre de “revoluciones” o cambios sin que cambien de conducta sus propugnadores; el disponer situaciones de privilegio para algunos sectores no permitiendo que paguen impuestos; la poca o ninguna política que permita combatir a la corrupción como es el caso del contrabando, del narcotráfico, del cultivo de coca excedentaria que sólo sirve para fabricar droga. También es abuso el no aprobar leyes que el país requiere para su desarrollo; en fin, abusar es no actuar en consonancia con las leyes y la Constitución porque es atentar contra los derechos del pueblo y posponer que el país salga de la pobreza.

Hay muchas formas de desmerecer lo que es autoridad, como el no obrar conforme a instrumentos legales que otorgan poderes para servir, pero con amor y entrega que implican honestidad y responsabilidad. Gobernar sin abusar, es utilizar debidamente el poder otorgado para que se sirva y no haya servicio sólo en beneficio propio o partidario que significa complotar contra el país.

Ante determinadas conductas arbitrarias del poder, se producen reacciones y muchas veces los problemas planteados por grupos sociales (sindicatos y grupos cívicos), políticos, empresariales o de cualquier naturaleza, dan lugar a hechos que, en muchos casos, se convierten en conductas contrarias al bien común, complotan contra las autoridades e incitan a reacciones radicales, complican los problemas nacionales y dificultan la solución de situaciones difíciles; en otras palabras, reclamar derechos no significa crear anarquía como reacción contra las autoridades promoviendo el caos que anarquiza todo y se llega, en casos, al bloqueo que es una forma de terrorismo que atenta contra los derechos de todos, menoscaba la autoridad, disminuye la capacidad y calidad de los dirigentes y obstaculiza toda solución a problemas planteados. El bloqueo, consecuencia de la anarquía, es el mejor medio para combatir al país y los derechos de las personas; es el sistema más efectivo para destrozar la economía e impedir el desarrollo nacional. Bloquear implica destruir, violentar, maltratar y matar las expectativas y esperanzas del gobierno y del pueblo.

Muchas veces, las posiciones extremas contrarias al gobierno complotan contra los intereses nacionales y, por supuesto, contra las buenas intenciones que puedan tener las autoridades. El abuso, por contar con poder de cualquier tipo, da lugar a que se abuse permanentemente y, consecuentemente, se incite al caos que es anarquía, vulnera los valores y destruye posibilidades de solución a los diversos problemas.

Todo lo expresado obliga a convenir que ambas posiciones: conductas arbitrarias desde posiciones de poder y, desde el llano, acciones y hechos contrarios al bien común, son atentatorios a los más elementales derechos humanos. Finalmente, ambos extremos contribuyen a desunir más a la familia boliviana y a sumirla en más pobreza.