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En el cierre de uno de los capítulos más trascendentes del Juicio del Siglo, el Tribunal Segundo de Sentencia declaró el miércoles no probada la recusación de los jueces técnicos planteada por uno de los acusados y les instruyó continuar a la cabeza del proceso contra 39 personas, el mayor de la historia penal boliviana. La acusación sostiene que los supuestamente involucrados lanzaron una campaña terrorista cuyo fin era, derrota y capitulación del ejército nacional mediante, dividir a Bolivia. El caso acaba de cumplir cinco años.
La decisión de los jueces Jaime Arteaga y Bernardo Soria desestimó dos documentos con los que la defensa había respaldado su demanda de recusación: la “Carta al Pueblo de Bolivia” que divulgó el ex fiscal Marcelo Soza a tiempo de buscar refugio en Brasil, y la nota de un ex abogado del gobierno solicitando al Ministro del Interior pagar pasajes de jueces, fiscales y acusados hasta Tarija, ida y vuelta.
Los jueces consideraron como inválida la carta del ex fiscal Soza porque no estaba reconocida por el cónsul en Brasilia. No analizaron su contenido que, con una variedad de afirmaciones, denuncia que la justicia boliviana es manipulada por el gobierno. El planteamiento del caso con el que se mueven el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, fue dirigido por el ex fiscal.
En cuanto al pedido para el pago de pasajes, inclusive para el tribunal a cargo del caso, los jueces notaron que el documento era sólo una solicitud y que no se había determinado si los pasajes fueron efectivamente pagados por el gobierno.
Se desconoce si se ordenó un informe que esclarezca quién, en esa y otras ocasiones, corrió con los gastos del traslado de jueces y fiscales, sus alojamientos y viáticos durante la gestión que se les ha asignado. Entendidos en trámites administrativos dicen que no debería ser complicado que la agencia de viajes que expidió los pasajes facilite el número de registro (NIC) de la oficina o la persona que los pagó. La defensa sostiene que el asunto ilustra la influencia de un poder sobre otro e infringe normas elementales de ética. Recuerda un adagio popular: “No hay almuerzo gratis”.
Los jueces técnicos del tribunal reconfirmado deberán resolver la situación de las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, quienes, al aceptar la recusación, precipitaron la caída del jurado y el estancamiento del proceso durante mes y medio. La primera se declaró exhausta y con la salud quebrantada por la tarea que desempeñaba y la segunda admitió que tiene un pariente cercano que trabaja en el Ministerio de Transparencia. Al jurar a la función que se le encomendaba, había asegurado que ningún pariente suyo trabajaba para el gobierno.
La carta del ex fiscal Soza, a quien los defensores consideraban como su propio “testigo estrella”, denuncia que el gobierno ha interferido en la justicia y que algunas de sus autoridades le pidieron “en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos”, a las que, asegura, siempre se opuso. “También me pedían que incluya en esa investigación a líderes cruceños sobre lo que no tenía ninguna prueba”, y que esas autoridades “que hoy callan, ayer me pedían que colaborara para sus fines políticos, para lograr ciertos resultados”. El documento presentado por la defensa carecía de autenticación consular. El consulado en Brasilia, dijeron fuentes de la defensa, lo envió a la cancillería para que decidiese sobre la autenticación. La defensa sostiene que el trámite burocrático responde a un propósito obstructivo y que ese ministerio retiene desde hace años el informe de la autopsia del cadáver de Michael Dwyer realizada por autoridades forenses irlandesas, que no fue remitido a los jueces ni fiscales del caso. Dwyer y otras dos personas murieron acribilladas en la madrugada del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, de Santa Cruz.
La recusación planteada por la defensa de Ignacio Villa Vargas (“El Viejo”) fue una de las movidas de mayor envergadura en el juicio. La defensa perdió la jugada, con la que esperaba producir cambios de fondo en el curso del proceso, también seguido con interés por tres gobiernos europeos: Hungría y Croacia, además de Irlanda, que han promovido la atención de órganos legislativos de la Unión Europea. El reinicio del proceso en las próximas semanas promete una intensidad mayor a la que hasta ahora le ha caracterizado. En términos noticiosos, coincide con la subida de la temperatura electoral, el descenso de la popularidad del presidente Morales que muestran algunas encuestas, y con los preparativos finales para la reunión del G-77 más China.
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