En juzgados del país
(Oxígeno).- De cada diez procesos penales que ingresan a los juzgados cautelares con inicio de investigación, solamente dos logran llegar a la etapa de la imputación, mientras que los ocho restantes son rechazados por la misma autoridad fiscal, o quedan estancados en los tribunales a la espera de una resolución de los fiscales quienes, generalmente, solicitan ampliación de plazos para determinar el rechazo o la imputación que permite continuidad de un proceso.
Según estimaciones de la Unidad de estudios estadísticos del Consejo de la Magistratura, este es un ejercicio matemático que refleja la mora procesal en los juzgados cautelares, considerados por las autoridades como “el cuello de botella” de la administración de justicia en el país.
Actualmente en Bolivia existen 164.460 procesos penales en los juzgados cautelares, cifra que toma en cuenta a los casos de anteriores gestiones. El presidente de la Sala de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria dijo que ahora se busca establecer acuerdos con el Ministerio Público para implementar mecanismos de trabajo que permitan eficiencia y efectividad en el trabajo de los jueces y fiscales.
Anualmente, al Órgano Judicial ingresan alrededor de 65.175 causas con inicio de investigación, de las cuales tan sólo pasan a la etapa de imputación entre el 25 y 30 por ciento de los procesos.
En base a esa información, la Sala de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, instruyó en meses anteriores a los jueces cautelares del país emitir conminatorias sobre todos los anuncios de inicio de investigación, que fueron acumuladas por varias gestiones, sin que las mismas hubiesen concluido con rechazo o imputación, habiéndose emitido 23.273 conminatorias en total.
Bajo este antecedente, el Ministerio Público a través de sus fiscales, emitieron 7.289 requerimientos de rechazo de denuncia por falta de fundamento y/o elementos que sustenten el proceso, mientras que 13.063 fueron respondidos con solicitud de ampliación e incluso de imputación que permiten la continuación del proceso.
“Estos procesos rechazados representan el 4,43% del total de procesos en trámite, sin duda descongestionan la carga existente en los juzgados. Creemos que es un avance significativo, sin embargo, haciendo seguimiento continuo y una coordinación con la Fiscalía General, se podría lograr mejores resultados y calculamos que la cifra superaría el 30% del total de inicios de investigación que quedarían cerrados al finalizar el semestre del 2014”, explicó el presidente de la Sala de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria.
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