Guadalupe Bécares Palacios
Desde que empezó el nuevo milenio, más de 23000 inmigrantes han fallecido mientras intentaban alcanzar el futuro que, pensaban, les ofrecía el continente europeo. El informe The Migrant Files, tras la investigación de periodistas de seis países, arroja datos mucho más crudos de los que se conocían y se esperaban. A partir del año 2000, casi 1700 personas han muerto cada año al intentar traspasar las fronteras de Europa. Mientras, un ciudadano nacido en ella puede cruzar los límites entre países sin más acreditación que su carnet de identidad.
La crudeza de las cifras podría ser aún mayor debido al número de desaparecidos que no aparecen en ninguna lista oficial. Muchos países no contabilizan las personas que no llegan a alcanzar sus territorios. Gran parte de los inmigrantes carecen además de documentación que pueda identificarlos.
Aunque la mayoría de los inmigrantes irregulares que entran en países como España lo hacen a través del aeropuerto, el mayor índice de fallecimientos lo tiene la vía marítima. Aunque los datos de la Agencia Frontex, responsable europeo del control de fronteras, y el Ministerio del Interior indiquen que cada vez son menos los que intentan alcanzar Europa en balsas o cayucos, se calcula que, desde hace ocho años, uno de cada treinta inmigrantes ha fallecido en el mar antes de alcanzar la costa española.
Frontex desarrolla desde el mes de diciembre el llamado “Proyecto Eurosur”, financiado por la Unión Europea. Se llevará a cabo durante los próximos seis años y su elevado presupuesto, de más de 37 millones de euros anuales, tiene como objetivo vigilar las embarcaciones que llegan al viejo continente. Tras el naufragio de Lampedusa en el que murieron más de doscientas personas frente a la costa italiana, la Comisaria de Interior de la UE, Cecilia Malmström, dijo que uno de los objetivos fundamentales de este programa era “salvaguardar los barcos utilizados por los migrantes”. Sin embargo, desde Frontex denuncian que no se busca salvar vidas sino controlar mediante radares las embarcaciones que se acerquen a las costas europeas. Los asuntos relacionados con el salvamento y la ayuda a las personas que se encuentran en ellas quedan en manos de cada país.
Las medidas contra la inmigración se extienden cada vez más por Europa. Mientras en España se responde con fuerza policial a los intentos casi diarios de miles de personas de saltar la valla que separa los territorios españoles del norte de África de Marruecos, el nuevo primer ministro francés ya ha anunciado duras medidas. Manuel Valls en su momento aseguró con orgullo que había expulsado del país a más de 5000 gitanos rumanos y búlgaros y que “gracias a ello habían descendido los índices de delincuencia”. Mantuvo su postura incluso a la hora de deportar entre ellos a una menor de quince años, que finalmente pudo quedarse en Francia, pero sin su familia.
En la cumbre UE-África que se celebrará en Bruselas estos días el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pedirá un plan que frene la inmigración ilegal. Así, los países europeos acordaron cambiar el tema central de la reunión, que estaba previsto que girase en torno a la seguridad en el continente africano.
Decía George Eliot que “nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellas”. Europa, tradicional continente de emigrantes durante la mayor parte de su larga historia, busca ahora blindarse ante los ciudadanos que buscan una vida mejor lejos de sus orígenes. Pero, al contrario que los miles de italianos, irlandeses o españoles que emigraron a países como Estados Unidos, Argentina o Uruguay, los nuevos inmigrantes no viajan solos. Son usados como mercancía por las mafias, que se enriquecen con los millonarios pasajes que pagan los que buscan un futuro tras las vallas europeas. El viejo continente ha dejado de colonizar el mundo de forma militar y, aunque continúa su imperialismo económico y cultural, sus puertas sólo se abren hacia afuera, pero nadie entra.
La autora es periodista.
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