El abuso del Derecho y el abuso de poder

Anteriormente me ocupé en esta misma columna de las causas que afectan la administración de justicia en nuestro país (EL DIARIO de 13 y 27/2/014). Pero existen otras situaciones que todos conocen y de las que nadie habla, posiciones groseras que provienen del poder público, de los políticos que por su soberbia y engreimiento abusan de la potestad con que se ciñe a quienes no merecen ostentarla; de las autoridades que lejos de cumplir su función con dignidad y sabiduría, atropellan en su ejercicio contra los débiles; de abogados funcionarios que cobijados en el manto de su cargo abusan impunemente y se ensañan contra ciudadanos que luchan por su derecho, solazándose con la chicana y el uso de la influencia institucional, ya que de otra forma no podrían ganar en buena lid.

Son los que abusan del Derecho, de tal modo que su conducta resulta contraria a la buena fe, la moral, las buenas costumbres y los fines éticos que persigue el Derecho. Esos ignoran que el combate judicial es como una contienda caballeresca, donde se esgrime espadas de ciencia jurídica y comportamiento ético. Son cuestiones que no enseñan las Escuelas de Derecho que, como herencia colonial, predican prácticas mañosas y desdorosas, con más habilidades para hacer zancadillas que manejar el derecho decorosamente; donde vale más el embuste procesalista que una leal compostura de honradez y equidad.

El abuso del Derecho que es general en el sector público y privado, es el accionar de quienes en ejercicio de un derecho actúan usando su fuerza con culpa y dolo, causando daño a la otra parte. El abuso del Derecho es una culpa que siempre consiste en la intención de perjudicar a otro y esta conducta que tiene que ver con la moral, es también causa del desprestigio de la Justicia, no de ahora si no de siempre, en todo tiempo y espacio. Una lacra que solamente se confina a la conciencia de los que así actúan, porque es muy complicado juzgar cuándo comienza el abuso, para dar término al Derecho que se usa con dolo.

Otra práctica paralela de la inmoralidad de los actores de la justicia es el abuso de poder o de autoridad que directa e inmediatamente influye en la injusticia, que afecta a los “otros” que son las víctimas de ese abuso de autoridad de los políticos y funcionarios públicos y que es una conducta que tuerce la convicción de los jueces, lo que deviene en otro desprestigio de la Justicia, acaso el peor. Es cuando el poder de autoridad se impone sobre la ética, que debiera ser su comportamiento permanente.

Generalmente el poder está dado para ser ejercido equilibradamente a favor de los intereses comunes de los ciudadanos, pero cuando ese poder es ejercido por las autoridades en beneficio personal o contra intereses legítimos de los particulares, o con fines de venganza o animadversión personal, el deber de autoridad se transforma en infamia y arbitrariedad, en acto de cobardía que se torna en la principal fuente de maldad y corrupción moral que tantos escándalos produce frecuentemente en nuestra sociedad. Lamentablemente, nuestra legislación es muy ambigua en estos aspectos, tanto que necesita precisar todos los actos de abuso de autoridad, especialmente políticos e institucionales, que son fuente de injusticia y perversidad.

Así, no es posible tener una justicia correcta cuando intervienen las maquinaciones a las que se acude para el abuso de autoridad del sector público que presiona a los jueces y tribunales.

Estas situaciones ponen al descubierto que las causas de corrupción del sistema judicial provienen también de esas influencias externas difíciles de erradicar cuando tenemos al Poder Judicial sometido directa o indirectamente a otros órganos del Estado.

Por eso ideamos en nuestro ensayo “Reformas Constitucionales”, Plural, 2006, la elección del Poder Judicial como una forma de independizarlo de las presiones e influencias del Legislativo y Ejecutivo, que tan mal se implementó en las pasadas elecciones generales.

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