Participación popular y autonomía

Han transcurrido 20 años desde que en abril de 1994 se puso en vigencia esta importante medida, que sin lugar a dudas ha contribuido al mejoramiento de los servicios municipales a la ciudadanía, consolidó los gobiernos municipales en su institucionalidad, otorgándoles los necesarios recursos económicos para su desarrollo, y permitiendo que sean los vecinos los que participen en la elaboración de planes y programas de obras y servicios, y fiscalicen mediante las instancias creadas en esa medida las gestiones municipales.

Fundamentalmente la Participación Popular hizo posible que los municipios del área rural se viabilicen, pues antes de esa medida los municipios rurales eran casi inexistentes, no sólo por la falta de recursos sino porque nadie quería ocupar funciones a no ser por interés del poder político que designaba alcaldes desde el Ministerio de Gobierno. Esta medida abrió las puertas al empoderamiento en los municipios de los grupos sociales indígenas y la posibilidad de los vecinos de elegir mediante voto a sus alcaldes, concejales y munícipes.

La larga tradición histórica del centralismo estatal, modelo de administración que estuvo vigente desde la creación de la República independiente de Bolivia en 1825, hasta las primeras medidas desconcentradoras y descentralizadoras de la década de los años 70 del pasado siglo, y en especial de la Participación Popular -modelo (el centralismo) traído de la República Francesa- y que cumplió su papel histórico de consolidar en alguna manera al Estado, comenzó a ser cuestionado por algunos departamentos que pedían un cambio de modelo administrativo del Estado, del centralismo a la descentralización política y administrativa, luego de las autonomías y hasta de federalismo.

Precisamente luego del colapso de la izquierda en sus varias versiones aglutinada en la UDP, se puso en discusión el asunto de la descentralización, que el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro no lo consideró, debido a la situación de reordenar al país, que había vivido una dolorosa experiencia, por la crisis económica, social y política, y el tema descentralizador podría haber sido problemático para ese momento.

Fue en el gobierno de Jaime Paz Zamora que se presentó un proyecto de ley de descentralización político administrativa, que fue observado desde el Comité Cívico pro La Paz, presidido por el político Alfredo Franco Guachalla y como vicepresidente mi persona, que coincidimos con la opinión de las Fuerzas Armadas y otras organizaciones, en resguardo de la unidad del país y la viabilidad de los gobiernos, que ante la elección de los prefectos departamentales, varios de éstos elegidos por la oposición podrían afectar la gestión de gobierno, de tal manera que el entonces Presidente dejó sin efecto el proyecto.

La presión de algunos departamentos, en especial el de Santa Cruz, determinó que el siguiente gobierno, presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada, tomará la decisión de poner en vigencia la Participación Popular, es decir la descentralización vía los gobiernos municipales. Para esta decisión mucho tuvo que ver el fallecido municipalista Guido Capra Gemio, que influyó en el entonces Presidente de la República, quien en principio era reacio a la propuesta y presión oriental, con el argumento de que desde el año 1985 con el Decreto Supremo 21.060 se había otorgado recursos a los municipios, así como con otras medidas de gobierno.

La Participación Popular fue una medida revolucionaria elogiada en organizaciones internacionales y fruto del intelecto de jóvenes profesionales bolivianos, a quienes en estos días se les ha rendido justo homenaje por el Concejo Municipal de la ciudad de La Paz, pero como lo escribió en una nota de prensa Iván Finot, en un matutino colega, que fue el mismo entonces Presidente quien revisó el trabajo y le puso su salsa.

Si los posteriores gobiernos al que puso en vigencia la revolucionaria medida, hubiesen seguido profundizando la Participación Popular, se hubiese modernizado y beneficiado grandemente el Estado boliviano, pues como proceso debió seguir su curso histórico. Pero para pesar de la Patria, la medida fue dejada de lado, saboteada y en este tiempo desconocida, no obstante que el régimen de las autonomías se alimentó grandemente de esta medida.