Distorsiones en el mapa electoral

Desde el momento en que la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa anuló el anterior régimen de las circunscripciones uninominales y estableció que para elecciones futuras debía determinarse uno nuevo, causó suspicacias acerca de lo que buscaba hacerse con el cambio.

Ahora, se descorrió el telón y quedó al descubierto que el MAS pretende reducir las votaciones en las 10 ciudades principales y dar paso a que el área rural desequilibre la balanza electoral, obviamente a favor del partido gobernante.

Tal como dice un proverbio popular, el MAS “no da puntada sin hilo”. En efecto, lo que se decidió en la Asamblea era para distorsionar los resultados electorales a favor suyo.

Resulta excesivo y hasta ofensivo para el sentir público que, por medio de artimañas, el MAS quiera hacer suponer que actúa con honestidad en la administración de los preceptos legales. Una vez más, demuestra que no tiene límites en concretar sus objetivos políticos.

Con esta conducta, hace ver que a cualquier costo se propone quedarse en el poder “para siempre”, como lo dice Morales en los discursos que pronuncia en poblaciones suburbanas y rurales.

Al mismo tiempo, puede deducirse que no tiene la seguridad de alcanzar un triunfo claro e indiscutible en la próxima consulta ciudadana. A la inversa, no tendría necesidad de recurrir a maniobras dolosas, como es modificar dolosamente la composición de las circunscripciones uninominales.

Al haber planeado que las áreas rurales tengan similar o mayor votación que los centros urbanos, el MAS incluso quiere pasar por alto los resultados del Censo Nacional de 2012, pese a que ahí también tuvo injerencia en alterarlos.

En efecto, una observación más detenida del informe del INE sobre el Censo, omite los índices referidos a las poblaciones urbana y rural. En censos anteriores, en los que seguramente no había nada que ocultar, éstos están descritos como se hace con otros pormenores.

Sólo al final del documento se consigna la información sobre “Pertenencia” (cuadro No. 7), con el título de “Población de 15 o más años por sexo, según pertenencia a naciones o pueblos indígenas originario campesino o afro boliviano, Censo 2012”.

En la Constitución se habla de 36 de esas naciones, en el informe mencionado figuran 38. Al concluir, con el título de “No pertenencia”, se dice: “No soy boliviana o boliviano”, a los que atribuye la cantidad total de 73.707. Como quiera que el segmento de población mestiza es mayoritario, se optó por ignorarlo, “ningunearlo”, como manifestaron muchos analistas.

Empero, lo que no pudo ocultar es que la población en el área rural decreció, entre el Censo de 2001 (37,57%) y el de 2012 (32,7%), lo cual es explicable por la tendencia prevalente en Bolivia, al igual que en otras partes del mundo, de que las poblaciones del campo prefieren urbanizarse, con el propósito, muy legítimo, de mejorar sus condiciones de vida.

El Censo de 2012 afirma que la población urbana es de 6.751.305 y la rural de 3.275.949. El total de la población boliviana ascendió a 10.027.254, con una densidad por Km2 de 9,13. En 2001, ha sido de 8.274.325 habitantes, 7,3% de densidad.

Hasta antes de la ley electoral vigente, se reconocía la existencia de 130 diputados, de los cuales 70 eran uninominales, 53 plurinacionales y 7 indígenas de circunscripciones especiales.

Con la aplicación de las leyes 018, 026 y 421, aprobadas por la Asamblea Legislativa, donde el MAS reúne es mayoría absoluta, lo indígena “subirá” a costa de la representación plurinominal, según explicó Ramiro Paredes, vocal del Tribunal Supremo Electoral, en declaraciones a un diario local (3/2/2013).

La fórmula que proyectó el TSE, para el reglamento sobre circunscripciones uninominales, daría lugar a que ocho ciudades perderían 19 diputaciones. De acuerdo con el ejercicio realizado por un diario local (7/5/14), Sucre, perdería un escaño; el municipio de La Paz, tres; El Alto, tres, Cochabamba, dos; Oruro, uno; Potosí, uno; Tarija, uno; y Santa Cruz, siete. Estas representaciones pasarían a distintas jurisdicciones de las áreas rurales.

El reglamento ha sido aprobado en esos términos por cinco vocales, de los siete que tiene el TSE. La vocal que ejerce la Presidencia, Wilma Velasco, y el vocal Ramiro Paredes, presentaron sus “observaciones” o sea que discrepan con el proyecto aprobado. Hasta ahí lo avanzado en el tema.