Desde el Faro
No debiera sorprender que el Tribunal Supremo Electoral haya demorado y presentado, esperemos a modo de globo de ensayo, una propuesta incompleta de rediseño de la cartografía electoral, cuyo efecto será la invisibilización y el escamoteo del voto de las ciudades. De hecho, la incorporación forzada del criterio territorial a una cámara de representación eminentemente poblacional sólo intenta diluir el voto urbano cada vez más contrario al oficialismo, mediante la inyección de buena dosis de votos duros rurales del MAS. Ello sumado a la fragmentación de la oposición le permitiría la conquista de varios escaños originalmente perdidos. En ciencia política se llama efecto “salamandra” a todo intento de definir distritos electorales a conveniencia de una determinada fuerza política. Considerando la estrategia de poder de “todo vale” del MAS no debiera extrañarnos el nacimiento de muchas salamandras.
Reconozcamos que era imperioso establecer el equilibrio entre los escaños uninominales y plurinominales. De hecho, quienes se rasgan las vestiduras a favor del criterio territorial del voto, pierden de vista que es el Senado la cámara territorial, y que hacerlo en Diputados habrá de profundizar las distorsiones ya existentes en nuestro sistema y geografía electoral. Estas deformaciones se resumen en el hoy popular término de “ruralización de la política”, fenómeno exacerbado con la llegada del MAS, cuyo núcleo constitutivo aglutina a las denominadas trillizas, en alusión a las organizaciones campesinas sindicales que hoy son parte orgánica del poder político en el país. Las cifras de la ruralización o sobre representación rural son elocuentes, se afianzaron en el tiempo y anteceden a la primera victoria electoral del MAS.
Moira Zuazo, quien posicionó el tema de la ruralización, plantea que este fenómeno además de tener expresión territorial, de encarnarse en actores sociales de carne y hueso, también gravita en el imaginario de amplios sectores de la población urbana que, al experimentar la marginalidad y el sentimiento de ser ciudadanos de segunda, idealizan y evocan con nostalgia el modo de vida en la aldea y en la comunidad rural. A ello añadiría el efecto acumulado de políticas públicas que priorizaron la lucha contra la pobreza rural y que desde principios de los 90 se las focalizó en las demandas de los pueblos indígenas empoderados desde entonces. Curiosamente este impulso coincidió con el auge neoliberal y la acción de ONGs promotoras del fortalecimiento de las organizaciones sociales y campesinas. Sobran ejemplos que sustentan este planteamiento, cuyo efecto fue la desatención de la acumulación de contradicciones en ciudades que crecían siendo caldo de cultivo de necesidades insatisfechas, de malestar y espejo de las desigualdades.
Hace ya tiempo que en el campo académico se reflexiona sobre la paradójica ruralización de la política en tiempos de acelerada urbanización y globalización de la sociedad boliviana, hecho que desnuda la compleja tensión que persiste entre el campo y las ciudades, y la manera dicotómica de abordarla en el discurso político. Lo notorio en las ciudades ha sido el adormecimiento de una ciudadanía que no termina de asumir la influencia regresiva de su sub representación política. Es de esperar que la provocación del Órgano Electoral despierte la conciencia ciudadana de la población citadina y la movilice a fin de lograr el respeto a su voto, que repolitice, en buen sentido, la lucha por sus derechos. Será un reclamo justo que contribuirá a revertir el desequilibrio provocado por el ímpetu hegemónico, autoritario y, a estas alturas, conservador de una nueva elite empoderada y dispuesta a manipular hasta la ingeniería electoral para perpetuar su poder.
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