Revelaciones apuntan que hubo asesinato en hotel Las Américas

Las declaraciones del exfiscal Marcelo Soza a la Agencia de Noticias Fides (ANF) en Brasil continúan generando polémica sobre todo en el caso de supuesto terrorismo, pues se evidenciaría que en el operativo en el hotel Las Américas de abril de 2009 hubo exceso de fuerza.

Así, el exfiscal, sobre quien pesan dos mandamientos de aprehensión por presunto incumplimiento deberes y extorsión a los propios implicados del caso que involucró a la célula irregular encabezada por Eduardo Rózsa, habló sobre el operativo de la madrugada del 16 de abril de 2009, asegurando que no era necesario dar muerte a tres de los cinco integrantes que se encontraban en ese céntrico hotel de la capital cruceña.

“Se podían haber evitado las muertes de estas personas y con ellos se hubiera contribuido notablemente a la investigación y se hubieran evitado incluso los atentados que se dieron. No era necesario semejante despliegue de fuerza y violencia estatal”, manifestó.

El caso, explica Soza, fue preparado con mucha antelación y resulta dudosa la forma en la que se lo convocó, día antes de las acciones, como previendo lo que iba a suceder. El operativo ejecutado por la Unidad Especial Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) no contó con la presencia de un fiscal, y se argumentó que era un caso de Estado que tenía prioridad.

“Fruto de la investigación he llegado a establecer que el operativo en el hotel Las Américas fue cuidadosamente planificado con mucha anticipación por el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Inteligencia de la Policía Boliviana. Entonces, yo he representado en forma interna ante el Fiscal General del Estado y el Ministerio de Gobierno estos hechos, y reclamé porque nunca me informaron cuando, yo ya fui designado como fiscal a cargo del caso y porque no permitieron la participación del Ministerio Público en estos actos investigativos”, agrega.

El exfiscal, que fue cuestionado y acusado por la oposición política en Bolivia de ser encubridor y extorsionador junto a su abogado Moisés Ponce, hoy detenido, realizó una declaración al Consejo Nacional del Refugiado en Brasil (Conare) revelando que incluso hubo colaboración de militares venezolanos para acabar con el grupo Rózsa. “Pudo establecer que en el hotel Las Américas se encontraban cuatro militares venezolanos adscritos a la Casa Militar de Palacio de Gobierno y el propio piloto del presidente Evo Morales, hecho que se encuentran en el informe del hotel Las Américas”.

A su turno, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Juan Carlos Becerra, confirmó que hubo violencia y ejecución sumaria a Rózsa, Michel Dwyer y Arpad Magyarosi. “Lo que sí existió fue un asesinato de seres humanos, sea cual fuere su ideología política, lo que es una violación a los derechos humanos aquí y en cualquier parte del mundo”.

La diputada disidente del oficialismo y denominada “libre pensante”, Rebeca Delgado, también apuntó a la violación de derechos humanos, y coincidió en señalar que hubo una ejecución sumaria, basada en los documentos y entrevistas realizadas por la llamada comisión de Justicia y Verdad, de la cual renunció esta semana.

Finalmente, la diputada de Unidad Nacional (UN), María Cristina Viscarra, el Gobierno maneja siempre un doble discurso de acuerdo con sus intereses, pues como pasó con el testigo clave del caso, Ignacio Villa Vargas, alias ‘El Viejo’, que fue enaltecido y luego defenestrado, lo mismo sucede con el ex “súper fiscal”.

“Ahora sucede lo mismo con el exfiscal Soza que acusaba sin argumentos sólidos, pero luego Soza se convierte en denunciante del Gobierno y confesó que el hermano del Vicepresidente está involucrado en el montaje del caso terrorismo pasa de fiscal estrella a fiscal delincuente, fíjense ustedes ese cambio drástico del Gobierno y vean el doble discurso que maneja, cuando le conviene una persona primero es héroe sí miente por instrucciones del Gobierno y luego es villano sí confiesa la verdad de los hechos”, sostuvo.

El abogado de los implicados en el caso de supuesto terrorismo, Gary Prado, dijo que si bien las revelaciones de Soza confirman que este caso fue montado por el Gobierno para eliminar a la oposición regional, no hay que olvidar que el exfiscal “no es un angelito, sino el propio demonio”.

Para el Gobierno, Soza es un “delincuente confeso” y no dan cabida a sus palabras, por tanto no argumentan nada más sobre este polémico caso que ha marcado al Gobierno del proceso de cambio.