Medios paraestatales y artimañas de expiación

La oposición legislativa dice que la insospechada demanda del gobierno al diario La Razón por “espionaje e infidencia de secreto de estado” es un señuelo para sacar al país de lo electoral; una “cortina de humo” para distraernos de la modificación de circunscripciones a conveniencia del Ejecutivo. Habiendo esa oposición cumplido un periodo legislativo de convivir con las tramoyas del oficialismo, tal afirmación expone una falta de agudeza difícil de no apuntar.

El requerimiento acusatorio del Procurador General a la directora y a un redactor de La Razón, a días de la publicación de una investigación de Raúl Peñaranda que expone los vínculos con el gobierno de ese y otros medios hasta hace poco contestatarios, no es un tema menor ni subsidiario.

Tal es así que el solo anuncio de la demanda le ha devuelto al objetado medio la solidaridad orgánica del gremio de la prensa, que cerró filas en defensa de un principio del periodismo del que hábilmente la demanda del gobierno ha embanderado a La Razón: La inviolabilidad del secreto de fuente.

Un medio insigne del periodismo independiente, que tras ser adquirido por un grupo empresarial afín al MAS liquidaría su prestigio hasta convertirse en un paria de la prensa, recobró credibilidad con el inusitado ataque de un gobierno que le exige revelar su fuente, mientras al calor de un sobreactuado cruce de medidas judiciales y editoriales estoicos, La Razón retruca que defenderá hasta las últimas consecuencias la identidad de su informante acogido al anonimato.

Ofende al buen olfato la desproporcionada reacción del gobierno ante una nota tan anodina, igual que el exagerado ribete de martirio que La Razón le imprime a la polémica. Pero la lógica está posicionada y el propósito logrado: La oveja negra del periodismo es aceptada de nuevo en el rebaño y se le favorece con la duda razonable que asiste a todo defensor del derecho a la información.

El ardid se funda en una sencilla pero efectiva manipulación lógica del sentido común con que opera la opinión pública: Si se supone que La Razón es un medio del gobierno, pero La Razón revela información “secreta” del gobierno, protegiendo la identidad de su fuente y el gobierno necesita demandar a La Razón para que le revele su fuente de información, entonces La Razón no es un medio del gobierno.

Elaborado pero lógico. Tras la millonaria inversión que le significó a capitales “amigos” del régimen adquirir los medios de prensa más influyentes y adversos al régimen, y montar con ellos una red paraestatal, la exposición de su dependencia económica e ideológica del Ejecutivo fue un traspié. De ahí que el reposicionamiento de la “independencia” de esos medios, se hizo cuestión de Estado.

No es nada nuevo. Pasó con la Corte Nacional Electoral durante los comicios de 2009, cuando una artimaña similar rompió la percepción de continuidad entre la gestión de Antonio Costas y la de su predecesor José Exeni, tras duro ataque del gobierno al entrante presidente de la CNE por la “decisión” de “contrariar” al gobierno y avalar la candidatura vicepresidencial del gobernador Leopoldo Fernández, depuesto, confinado sin sentencia e inhabilitado por el gobierno.

Semanas de hostilidad verbal entre el Órgano Electoral y Palacio Quemado, resoluciones de ida y vuelta, permitieron la relegitimación de una CNE desgastada tras su actuación parcializada con el gobierno en los referendos autonómicos de 2007 y el Revocatorio de 2008. La hábil maniobra otorgó a Antonio Costas una imagen de independencia que le permitiría, blindado por su “distancia” del gobierno, entregar el manejo informático de los comicios a la nefasta Smartmatic venezolana, algo que Exeni jamás podría haber hecho sin desatar una insurrección y sepultar la legitimidad electoral del MAS.

Preservar la imagen de independencia de las instituciones y órganos intervenidos por el gobierno es soporte estructural de su camuflaje democrático. Sin la esgrima periódica con sus agentes en los órganos de administración judicial, electoral e informativa, toda duda razonable y presunción de democracia sobre la administración Morales se habría disuelto hace rato.

El autor es Licenciado en Comunicación.