Presidente de Ascinalss podría ser liberado por falta de fundamentos

La actuación del juez sumariante, coronel Marcelo Orellana de las Fuerzas Armadas, que no habría fundamentado de manera correcta la acusación en contra del representante nacional de suboficiales y sargentos, Jhony Gil, abrió la posibilidad de que este lunes él pueda recuperar su libertad, como lo determinó la juez de Materia Penal, Margot Pérez.

La acción jurídica fue dictada por la Juez de Garantías, luego de que Orellana, parte acusadora por parte de las FFAA, argumentara que se detuvo a Gil por una supuesta obstrucción a la investigación e hiciera su alegato en base a recortes de prensa “y lo toma como una prueba, pero sabemos muy bien, que en materia penal, la forma de prueba debe ser mediante requerimiento y el abogado del Juez Sumariante, Orellana, indicó que es un resumen, entonces un resumen no puede ser una prueba”, explicó, Santos Hanover, uno de los abogados de la defensa.

Por su parte, la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Ligia Pinto, expresó su complacencia sobre el resultado de la audiencia, ya que “que se actuó con justicia como manda la Constitución”, manifestó.

“Nosotros hemos acudido, ante el pedido de auxilio de todas estas personas que están en conflicto y esa es la razón por la que estamos acompañando esta audiencia, no importa la hora ni el día”, dijo a EL DIARIO Pinto.

Sin embargo, mientras la audiencia se daba, fuera del juzgado, allegados a la defensa denunciaron que durante la detención de Gil, al interior del Estado Mayor, habría recibido la visita de tres generales con la finalidad de amedrentarlo. Sobre este hecho, manifestaron que se presentaría una demanda legal, en la cual se los identificaría.

Asimismo, expresaron su indignación debido a que durante su detención se desalojó a los abogados de Gil y se lo dejó incomunicado, aspecto que fue denunciado por la defensa ante la jueza de garantías.

También llamó la atención, la numerosa escolta de efectivos de la Policía Militar para custodiar al suboficial Gil, situación que obstaculizó el trabajo de los medios de comunicación, mientras se desarrollaba la audiencia.

Gil, es parte de suboficiales y sargentos que piden la adecuación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), que entre sus artículos aún mantiene la pena de muerte, limita la formación académica par este sector, pero sobre todo, es considerada discriminatoria como lo denunciaron, las esposas de los militares durante las movilizaciones de abril que protagonizaron junto a su esposos.