Libertad de expresión vuelve a convertirse en blanco del ataque político

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresa profunda preocupación por algunas acciones gubernamentales y de dirigentes oficialistas registradas en las últimas semanas con una aparente pretensión de debilitar la libertad de expresar ideas, opiniones y la difusión de trabajos periodísticos que les causan incomodidad por su contenido.

La suma de dichas acciones genera un escenario crítico para los medios de comunicación en general y para los periodistas que enfrentan dificultades para cumplir con su deber social de esclarecer y hacer transparente la función pública a cargo de personas elegidas temporalmente, o designadas en puestos de decisión coyunturales.

Las normas legales disponen que los funcionarios públicos deben responder por sus actos, mediante las instituciones correspondientes, a los ciudadanos que esperan eficiente uso de los recursos del Estado, absoluta transparencia y menos discrecionalidad. Ese es un derecho y una expectativa coincidente entre la ciudadanía y los periodistas. Un bien común que anima al periodismo y constituye soporte fundamental del sistema democrático de un país que se precie de ello.

La expedita y acelerada gestión de un fiscal y de un juez para encaminar una denuncia del Procurador General terminó vulnerando el artículo 8 de la Ley de Imprenta al exigir la revelación de fuente de una crónica periodística publicada por el matutino La Razón y denota el ímpetu del poder por crear un clima de temor entre el periodismo independiente.

Una acción de cobro de aportes laborales por un Fondo de Pensiones al periódico El Diario rodeada de un ambiente de psicosis generado por una campaña mediática de clara tendencia descubre la intencionalidad de penalizar el trabajo del medio independiente eludiendo el procedimiento regular que se libra en un juzgado.

A los anteriores casos se suman las acusaciones de un diputado oficialista contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) de parcializarse con las personas enjuiciadas por un caso de supuesto terrorismo y el exfiscal Marcelo Soza, así como el intento, por ahora frustrado, de encausar por vía Penal a un economista y politólogo por emitir opinión en una columna periodística sobre presunta corrupción en YPFB.

Esas acciones, coincidentes en un breve lapso de tiempo, buscan cuestionar la posibilidad de difundir libremente noticias escritas bajo estricta norma periodística, las libertades de opinión y de expresión, que son esencia de la libertad de Prensa.

Sorprende que cada una de las actuaciones de funcionarios vinculados al Gobierno llegue de manera sistemática en un período electoral, cuando periodistas y medios de comunicación tienen por misión informar con total libertad e independencia.