La Ley 2.640 del año 2004 es incompleta

Señor Director:

La Lic. Guadalupe Marengo, directora adjunta del programa para las Américas de Amnistía Internacional, en fecha 12 de marzo del presente año en un matutino local hace análisis y observaciones muy atinadas en lo que se refiere a las víctimas de la violencia política desde 1964 hasta 1982, diciendo textualmente que la historia de los años 1960, 1970 y 1980 es mayormente ignorada.

Por mi parte, le recuerdo a la Lic. Marengo, al Presidente, a parlamentarios, Defensor del Pueblo, ministros y a cuanta autoridad le corresponde atender este justo reclamo, que la violencia política más despiadada e increíble, por las barbaridades cometidas en contra de la oposición, fue en los años 1952-1964, en el doble sexenio del MNR, por el tristemente célebre control político a cargo de los sanguinarios Claudio San Román, Gayán Contador, Adhemar Menacho y muchos otros matones de triste recuerdo y que estaban bien pagados.

De ahí los campos de concentración (como copia de la Segunda Guerra Mundial desatada por los alemanes) para los presos y perseguidos políticos opositores, en gran mayoría de FSB, PDC, PC y POR. A Curahuara de Carangas, Catavi, Uncía, Llallagua, Coro Coro eran enviados centenares de presos.

Si ahora hablamos de justicia y resarcimiento a las víctimas de violencia política y si esta justicia fuese real, completa, no a medias, se debe tomar en cuenta que desde los años 1952 hasta 1982, tanto en dictaduras como en gobiernos constitucionales, de civiles y militares, de izquierda o derecha, porque así nomás fue la azarosa vida política en nuestro país, indistintamente se persiguió a bolivianos.

Entonces, la Ley 2.640 tal como fue promulgada es demasiada restrictiva, a medias, y deberá ser necesariamente ampliada o mejorada. Porque entendemos nosotros que una ley de la República debe ser amplia, general y para todas las víctimas de la violencia política que fue permanente, en todos los gobiernos, de facto o constitucionales.

El expresidente Carlos Mesa es culpable de que esta ley haya sido promulgada tal como está, pues teniendo el derecho al veto, no la devolvió al Parlamento de entonces para que subsane semejante error.

A la nueva ministra de Justicia, Dra. Elizabeth Sandra Gutiérrez, valorando sus amplios conocimientos, le insinuamos tomar en cuenta nuestros justos reclamos y planteamientos para que esta ley sea completa y general. Y que se proceda a una nueva calificación de todos los que fueron rechazados, puesto que en unos 15 días hábiles se hubiera subsanado las observaciones.

Finalmente, este resarcimiento debe concluir lo más pronto posible, porque desde su promulgación en marzo de 2004, han pasado más de 10 años y es increíble que por la demasiada burocracia y burlas permanentes a nuestras observaciones y planteamientos a los que tenemos derecho, nunca los tomaron en cuenta.

José Hurtado Gonzales