Cuando el río suena…

Dice la sabiduría popular que “cuando el río suena, piedras trae”. Es también dicho común el “piensa mal y acertarás” de la gente de a pie. Si es cierto que en estos tiempos se gobierna escuchando al pueblo, habrá pues que tomar en cuenta el significado de esos dichos que, en el fondo, sólo resumen la percepción sobre los actos y la forma de actuar de la gente.

Esa percepción interesa no sólo por la natural tendencia al chisme y la curiosidad humana, sino porque los actos de la gente afectan al interés común cuando ejerce funciones públicas. Y generan corrientes de opinión negativa por el daño que puedan provocar o por la conducta ética y moral de quienes gobiernan. En buenas cuentas, quienes guían o pretenden enseñarle el camino a la gente son paradigma social. La “moral revolucionaria” es, por eso, implacable en castigar la corrupción, aunque sólo sea en teoría, como ocurre en estos tiempos de cambio.

Sin la menor pretensión de entrar en consideraciones éticas o morales, que dependen de cada individuo, y por encima de la cuestión legal o institucional de las acciones de los gobernantes, es pues importante no sólo actuar legalmente sino también demostrarlo y probarlo.

Por eso y en especial cuando también está devaluada la imagen de la justicia en la percepción ciudadana, el sentido común recomienda aclarar las tantas y persistentes denuncias de escándalos de corrupción, atropellos y hechos irregulares que ponen en duda la conducta de quienes gobiernan y las acciones de gobierno.

En la percepción ciudadana, por ejemplo, si alguien conoce a fondo el supuesto caso de terrorismo, separatismo y magnicidio que denunció el gobierno en el 2009 es sin duda el ex fiscal Marcelo Soza. Durante cuatro años él fue, ante la opinión pública, referente central de la investigación oficial. Por sus actos y decisiones legales hay gente en prisión o refugiada en el exterior.

Por encima de que cuando estuvo en funciones infringió leyes y procedimientos jurídicos, preceptos éticos y morales, y todos los cuestionamientos que se le pueda hacer a su conducta, sus denuncias desde el exterior no se las puede tirar al canasto con el solo argumento de que hoy es un prófugo de la justicia. Alegar que sus denuncias no tienen valor jurídico porque les falta reconocimiento de firma o por la forma en que las hizo no desvirtúa el tema de fondo.

La única manera de cambiar la percepción de que mucho de mentira hay en las denuncias oficiales del 2009 es llegar al fondo de la investigación. Y en ese afán, para cualquier investigación con pretensiones de imparcialidad y objetividad las denuncias del ex fiscal, por cuestionado que sea, se las debe tomar en cuenta. Si eso no ocurre, en el común de la gente persistirá el manto de dudas y la percepción de que todo fue montado para perseguir opositores en Santa Cruz.

El mismo análisis vale para los escándalos de corrupción, ciertos o no, que afectan al vicepresidente y su entorno familiar. La resistencia de la Contraloría a auditar el caso BoA con el argumento de que la rescisión del contrato deja sin argumento el caso es deleznable. El matiz ilegal no desaparece con la venta de la empresa a la que se le adjudicó el servicio de refrigerios sin licitación, aunque la estatal de aviación esté liberada de los procesos de contratación normales.

Lo mismo que con la denuncia de compra de una concesión minera por otros familiares del vicepresidente. Por cierto, no se lo puede culpar por las acciones, irregulares o no, de todos sus parientes. En buenas cuentas, cada persona es responsable de lo que hace. Por encima de ese hecho la denuncia de algo irregular en la compra-venta de esa concesión se debe esclarecer porque afecta a su imagen. El argumento de que la concesión “no se encuentra vigente desde el 2010 por falta de pago de la patente minera” o decir que en el área de concesión no hay oro sino otros minerales no desvirtúa el fondo de la denuncia. La denuncia genera imagen negativa en la percepción de la gente. Y se quiera o no, tiene connotaciones políticas.

Lo propio ocurre con otros casos y acciones de gobierno. Por buenas, nobles y legales que sean las intenciones de quienes diseñaron el nuevo mapa electoral para la distribución de escaños parlamentarios, por ejemplo, en la percepción de la gente persisten dudas sobre la imparcialidad del tribunal electoral. No son antecedente positivo, por ejemplo, algunas normas que dictó ya. Es el caso, para citar un ejemplo, de la imposición de multas a los medios que difundan encuestas elaboradas por empresas no autorizadas. Por válido que sea reglamentar el trabajo de las encuestadoras.

La sabiduría popular acuñó, en la Roma de los Césares, otra frase todavía vigente. “La mujer del César, se decía, no sólo debe ser virtuosa, debe también parecerlo”. Sobre todo cuando en los países que inspiran ideológicamente nuestros tiempos de cambio los ejemplos son totalmente negativos.