Economía informal destruye al país

La economía informal o, mejor, el comercio ilícito, ha sido desde tiempos remotos, contrario a los intereses de las naciones. Su vigencia ha dado lugar a que los mejores esfuerzos, la dedicación por el trabajo y la producción desfallezcan, que las convicciones sobre vigencia de las leyes declinen o se debiliten; finalmente, han sido causa de fracaso de muchas disposiciones impositivas que permitían contar a los gobiernos con los recursos precisos para atender intereses del Estado; pero, sobre todo, el comercio ilegal implica atentado a la moral y a las buenas costumbres de las personas porque destruye o debilita los valores y principios.

En los países pobres y subdesarrollados, el pretexto mayor que se esgrime para permitir la economía informal es que no hay trabajo o empleo que permita a la colectividad satisfacer las necesidades de sus miembros. Falsa premisa que ningún Gobierno debería esgrimir como medio para justificar, así sea indirectamente, la presencia de lo ilícito, de lo que es contrario a la moral y a las leyes que rigen la vida de los pueblos.

El hecho de que no hay empleo tiene una sola explicación: los gobiernos no siempre otorgan las garantías necesarias a las empresas para que amplíen y hasta diversifiquen sus fuentes de producción que, como resultado inicial, crean empleo y, conforme adelantan o mejoran sus instalaciones, producen mayor cantidad y calidad, generan más empleo, aparte de darle al existente mejores condiciones.

El contrabando, del que se desprende la economía informal, es contrario a todo principio o base moral, complota contra las leyes y las instituciones y autoridades legalmente establecidas; se permite ampliar sus actividades y comprometer a más gente porque sus utilidades le permiten disponer de más dinero, mejores sistemas de organización y, en casos, complota contra la moral de funcionarios a los que corrompe; no utiliza empleados y tampoco tiene obligaciones con nadie, no paga impuestos ni paga alquileres o servicios; en otras palabras, los resultados de la actividad ilícita permiten a toda la economía informal acumular mucho dinero y mejorar sus actividades.

La economía informal complota contra el Estado porque no permite que los gobiernos actúen con la eficiencia, disciplina, honestidad y responsabilidad necesarias para combatirlo o, por lo menos, disminuirlo hasta límites que permitan su fracaso total. La aplicación de las leyes resulta difícil porque la ilegalidad se hace contagiosa y permite el crecimiento de toda actividad ilícita que ingresa, inclusive, a los estrados más importantes de los gobiernos y hasta de la actividad privada, puesto que muchos comerciantes legales se hacen inescrupulosos y cómplices del contrabando porque compran la mercadería llegada al país por la vía ilegal y es vendida en el comercio legal, lo que significa un “lavado” que hace de la economía ilegal algo legal que invade hogares e instituciones. Combatir lo ilegal debería ser acción primordial de los gobiernos y del mismo pueblo.