Cooperativistas de Ullakaya niegan ser los avasalladores

Mineros de la cooperativa Ullakaya, acusada de avasallar las minas de Arcopongo, señalaron que ellos no tomaron los predios por la fuerza y que su trámite de operaciones se encuentra en proceso. Por su parte, el abogado de la familia del tercer muerto, Eduardo León, según información extra oficial, informó que habrían dos diputados del MAS implicados en el caso.

Por su parte, Constancio Quispe, secretario general de la Federación de Campesinos Tupaj Katari, manifestó que los dueños de la empresa Ullakaya son los que estarían detrás de los acontecimientos.

Según la versión del dirigente cooperativista de la mina Ullakaya, Rogelio Condori, este grupo acusado del avasallamiento a las cooperativas del lugar, entre las que se encuentra Palma Flor, habría ingresado al lugar de forma pacífica y fue el otro bando el que respondió con disparos de arma de fuego, creando un enfrentamiento en el que no llegó a perpetrarse la toma de la mina.

Es en este enfrentamiento que presuntamente habría muerto Gonzalo Cabrera, de quien según los familiares que llegaron hasta la Sede de Gobierno, no pueden recuperar su cuerpo por estar en el monte, en manos de los comunarios del lugar, por lo que pidieron ayuda del Estado para que se los entreguen.

Sin embargo, Constancio Quispe, manifestó que ellos tienen las fotografías y videos que constatan que el helicóptero es de la mina Ullakaya, y que serían los dueños de esta los que estarían detrás de estos enfrentamientos, toda vez que ellos no tienen un permiso para trabajar en el lugar.

"No tienen permiso, y detrás de todo esto esta Telmo Cawana, Edwin Copa, Víctor Sánchez y Francisco Marca, miembros de Fencoman, los mismos que son los principales culpables, incluso este último que ha hecho muchos trámites y documentos con sellos falsificados, trabajando como caza minas, con diferentes nombres y de diferentes procedencias", manifestó Quispe.

En cuanto al detenido, identificado como el hijo de Telmo Cawana, este manifestó que sí se trataría de su familiar, pero que al ser apresado le dieron la metralleta y lo obligaron a declarar que él había sido el autor de la muerte.

DIPUTADOS IMPLICADOS

Asimismo, el abogado de la familia de Gonzalo Cabrera, quien habría fallecido presuntamente en los enfrentamientos y de quien el cuerpo estaría siendo retenido por los comunarios, señaló que se estaría abriendo una querella en contra de cuatro autoridades gubernamentales, por el supuesto de ser ellos los responsables del conflicto.

"La diputada por Potosí, Gladis Vargas, Julia Figueredo por La Paz, Juan Marca Poma, asambleísta departamental de La Paz, así como el viceministro de empleo y servicio civil de cooperativas, Tiburcio Aguilar Márquez han sido los que han originado todo este enfrentamiento por haberse pasado por encima de la ley general de cooperativas y por haber instruido al director general de cooperativas, Juan Cejas Flores, que pese a existir la prohibición de entregar personerías jurídicas, se haga una excepción a estos comunarios, para que conformen una cooperativa", señaló León.

Dentro de las pruebas, el abogado hizo público un permiso de explotación, firmado por el Señor Tiburcio Marques, el 10 de julio de 2013, dirigida al director general de cooperativas, en la que le dice que pese a existir una ley de suscripción de contratos mineros en el que se indica que los procesos de arrendamientos deben estar paralizados mientras no haya decreto reglamentario, haga una excepción y pueda atender a la cooperativa minera Palma Flor, otorgándole personaría jurídica, indicándole que estos no tienen documentación, pero que se comprometen a presentarla.

En este sentido y con una velocidad que llama la atención, el 12 de julio 2013 se emite la resolución administrativa 1339/2013, por el que se resuelve otorgar la personería jurídica a Palma Flor, indicando que ya pueden entrar a realizar los trabajos mineros.

ILEGALIDAD

En tanto ambos bandos se acusan mutuamente de haber usado las armas de fuego, lo que sí es real, es que ninguna de las dos partes tiene permisos de funcionamiento y estarían en conflicto con el fin de adueñarse de los yacimientos auríferos del lugar.

Por una parte, lo ya expuesto sobre la cooperativa Palma Flor da muestras de las irregularidades en la documentación de su conformación, obteniendo contrato de arrendamiento cuando estos ya estaban prohibidos.

Por otro lado, se tiene el caso de Ullakaya, que tampoco tiene permiso de funcionamiento, ya que estos se han consolidado como trabajadores de la provincia Bautista Saavedra de Cochabamba, de la comunidad Cañiuma y con esa personería jurídica estarían entrando a la provincia Inquisivi para explotar el oro, con documentos de otro sector, a pesar de que afirman que ya tienen iniciado su proceso pero que en dos años no tiene ninguna respuesta.