El Tratado Chile-Perú de 1929, trampa para Bolivia en La Haya

Según los pronósticos más optimistas de reconocidos marólogos, la actual gestión del gobierno de Evo Morales podría, hasta cierto momento, constituir un éxito para Bolivia y una derrota para Chile. Sin embargo, esa victoria podría revertirse y dar al traste con la ambición boliviana al chocar con un escollo insalvable que aparecería al final del camino: el Tratado de 1929.

Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia de la Haya podría rechazar la impugnación de Santiago en sentido de impugnar la competencia del Tribunal ante la demanda de La Paz. Enseguida, de acuerdo con procedimiento, en tiempo de alrededor de dos años, La Haya podría dictar una resolución -atendiendo a la demanda boliviana- disponiendo que las dos partes en disputa legal ingresen en conversaciones para negociar la solución del más que centenario enclaustramiento de Bolivia, originado por la alevosa invasión chilena al Departamento de Litoral.

Respecto a ese punto existen dos salidas. Que Chile rechace toda negociación de acuerdo con su principio de que los tratados no son revisables o bien aceptar ir a una negociación. De realizarse este segundo punto, esas negociaciones -si es que Chile acepta- podrían también quedar en un punto muerto o bien avanzar sobre la base, tal vez, de los acuerdos del “abrazo de Charaña”, acuerdos que Bolivia podría aceptar en su totalidad con modificaciones o sin ellas, poniendo así fin al conflicto. Ese acuerdo sería el que más conviene a Chile y también podría ser satisfactorio para Bolivia.

Hasta ese momento, todo iría a pedir de boca, de maravillas -según los optimistas litoralólogos bolivianos. Pero, una vez alcanzado algún acuerdo, el asunto chocaría contra un muro de cemento armado infranqueable: este punto es el Tratado de 1929 entre Chile y Perú, que establece que cualquiera fuese la solución territorial a la que llegue Chile “con una tercera potencia”, vale decir con Bolivia, obligadamente deberá ser objeto de consulta y aprobación de Perú.

Entonces, todo la negociación sufriría un tropezón, se derrumbaría como un castillo de arena y sólo quedaría a Bolivia empezar de nuevo lo que había empezado con tanto optimismo y seguridad. También sería de beneficio para Chile, que terminaría afirmando que el problema de la mediterraneidad boliviana sigue sin solución no por su culpa sino por la de un vecino, como en 1975.

El veto peruano podría ser esperado porque existe jurisprudencia al respecto, en especial como el ocurrido al concluir la negociación de Charaña, cuando Lima, utilizando la llave del Tratado de 1929, cerró una vez más el candado que impide acabar con el encierro boliviano. De ahí que, a tiempo de continuar la actual negociación de La Haya, lo que debe hacer la Cancillería boliviana es buscar la manera de que Perú denuncie dicho Tratado y así la solución del problema no tenga dificultad. Mientras tanto, el optimismo de nuestros marólogos se encontraría en peligro de derretirse como una barra de chocolate al sol y que el asunto vuelva a fojas cero.