Prohíben revelar información sobre tema marítimo

(Erbol).- De acuerdo al Decreto Supremo número 2000, aprobado por el gabinete, se determina que “cualquier gestión” relativa a la política exterior marítima que sea promovida por autoridades, exautoridades, servidoras y servidores públicos o particulares, deberá respetar el principio de confidencialidad y reserva”.

Más adelante, el decreto firmado por los 21 ministros y el Presidente, reafirma que las actuaciones que sean conducidas por los mencionados “tendrán absoluto carácter de reserva y confidencialidad”. En el párrafo siguiente, se le entrega al Ministerio de Relaciones Exteriores la autoridad para definir “los lineamientos que compatibilicen la reserva establecida con los principios de orden constitucional”. Entre esos principios, se dice explícitamente, están los “derechos de información, expresión y opinión”. A partir de esta designación, podría deducirse que será la Cancillería del Estado la que regule la reserva planteada tratando de no afectar el derecho de los ciudadanos a estar informados.

El decreto 2000 ha sido aprobado después de que la Procuradoría del Estado, al mando del abogado Héctor Arce, presentara una demanda para que dos periodistas de un periódico local revelen la identidad de una fuente, un funcionario público, quien dio a conocer al medio impreso algunas anécdotas del proceso de elaboración de la memoria presentada por Bolivia el 17 de abril pasado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.