Oro de Inquisivi genera conflictos entre sectores y daños ambientales

La explotación ilegal de oro en esta provincia, desde hace mucho tiempo atrás no solo genera problemas de interés, sino también daños ambientales que van deteriorando la salud de los pobladores, de la actividad ganadera y la agricultora de la región, tal como manifestaron pobladores y autoridades originarias de la región.

En la última semana, la provincia Inquisivi ha sido víctima de un conflicto en el que han confluido varios actores, que por un interés sobre los yacimientos de oro en la región del río Choqueti, al igual que en los años de la “fiebre del oro”, donde se mataba por apoderarse de un pedazo de tierra para explotarla.

Sin embargo, este no es el único conflicto que se tiene a raíz de la actividad minera, ya que un grupo de dirigentes y representantes de la provincia Inquisivi llegaron hasta EL DIARIO, para hacer conocer que habían decidido declararse en emergencia, por la falta de atención de las autoridades ante este conflicto y la contaminación ambiental que se estaba generando en varias comunidades de la provincia.

“La contaminación es fuerte, no se puede ni lavar ropa y mucho menos usar el agua para el consumo humano o animal, por lo que pedimos que haya protección, necesitamos una ley que proteja el agua y cuide el medioambiente, necesitamos que las autoridades controlen este tipo de actividades que muchas veces llegan a avasallar a los comunarios”, manifestó la ejecutiva de la organización Bartolina Sisa de la provincia Inquisivi, Raimunda Molleni.

Por su parte el representante de Amdepaz, Ramiro Orellana, manifestó que en este sector casi el total de los ríos están contaminados, debido a que las empresas mineras tanto grandes como pequeñas han rodeado la provincia, trabajando de manera artesanal e ilegal, sin condiciones de seguridad ambiental sin que nadie supervise el uso de químicos que envenenan el agua.

Este problema va ligado a la concesión de minas sin previa consulta a los comunarios, quienes se ven sorprendidos al encontrar empresas nuevas que dejan inutilizables los ojos de agua y que con permisos llegan a las comunidades a trabajar en terrenos que según los pobladores son parte de su uso ancestral.

“Existe una ley internacional que norma la autodeterminación de los pueblos y exige la consulta previa para las comunidades que tienen recursos naturales, cosa que no se cumple sobre todo en el sector minero y son estas actitudes las que derivan en enfrentamientos y en avasallamientos tanto de las empresas, como de los comunarios que muchas veces deciden tomar la mina por la fuerza”, manifestó el abogado investigador de derechos de los pueblos indígenas, Gustavo Terrazas.

Prueba del mal que se hace a la salud de los pobladores de las 280 comunidades de las seis secciones de la provincia Inquisivi, es que en la certificación presentada por especialistas para el acceso a un incentivo en Seguridad Alimentaria, se diagnosticó que los niños de estas regiones sufren disenterías e infecciones relacionadas a la contaminación de químicos utilizados en la minería.

“Todo está siendo afectado, hay tierras que ya no son productivas, están muertas, al igual que su fauna, es preocupante lo que está sucediendo sin que nadie le de importancia”, manifestó Orellana.

AUSENCIA DEL ESTADO

Al respecto, el abogado asesor de la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra, autoridad ambiental competente a nivel departamental, Alejandro Espada, señaló que si bien ellos tienen las atribuciones de controlar y fiscalizar cualquier actividad, obra o proyecto público o privado, en el caso de la minería, esta labor se ve dificultada por las características de este rubro y de los lugares donde asientan su actividad.

“Muchas de las actividades, no solo en Inquisivi, sino en todo el departamento son ilegales y se encuentran en lugares de difícil acceso, no existe una posibilidad de encontrarlos rápidamente, ni de llegar a hacer controles a todas las actividades, por la misma naturaleza de la actividad minera, que no están fijas en algún lugar, lo que nos lleva a actuar en base a denuncias”, manifestó la autoridad.

Este es el caso de Arcopongo, donde los mismos comunarios deben viajar hasta dos días para llegar a la Sede de Gobierno para hacer este tipo de denuncias, que muchas veces no se hacen por lo moroso del trámite y del viaje, ya que en el lugar, como se comprobó en este conflicto no existe representantes de las entidades pertinentes ni de las fuerzas del orden.