¿Quién controla a diputados y senadores?

La llamada Asamblea Legislativa, parte del Estado actual, muestra notable actividad al estudiar y sancionar leyes, las que en gran parte provienen del Órgano Ejecutivo y de iniciativa interna, aunque esas disposiciones son poco o nada conocidas por la población y en su generalidad no tienen cumplimiento, por lo que se han convertido en letra muerta.

Los asambleístas sancionaron hace alrededor de un año la Ley de Control Civil, a la que dedicaron sendos estudios y finalmente la aprobaron con gran alegría, demostrando su sacrificada y eficiente labor legislativa. Esa flamante ley -que no ha tenido la suficiente publicidad y difusión- hace posible que los mecanismos y funcionarios estatales apliquen diversas formas para controlar y evitar actos de corrupción y aberraciones administrativas en los mecanismos del Estado, disposición oportuna, en vista de la creciente ola de irregularidades que se presentan en esferas oficiales, inclusive en altos niveles.

Todo muy bello, pero el pueblo se pregunta ¿quién controla la actividad de los parlamentarios, tanto en el cumplimiento de sus labores, la eficiencia de sus opiniones, la calidad de sus intervenciones, la oportunidad en sus debates o la importancia de las leyes que estudian? En realidad, pareciera que nadie controla la vida y los debates parlamentarios, ya que la Ley de Control Social no toma en cuenta este aspecto y no crea el mecanismo adecuado para fiscalizar a los fiscalizadores, lo cual da pie para que se abra un abanico de conjeturas.

En otros tiempos, en especial durante el siglo pasado, diputados y senadores estaban bajo el estricto control del pueblo, que se hacía presente en las barras y podía hacer conocer su opinión al mismo tiempo que conocía de cerca y controlaba a los parlamentarios. Se trataba de un control indirecto que no sólo permitía mejorar el conocimiento público de la labor de los “padres de la patria”, sino también mejoraba el estudio y aprobación de leyes.

En esa edad de oro, la existencia de las barras parlamentarias constituía una necesidad inalienable y sagrada del pueblo, a tal extremo que el gran parlamentario boliviano Franz Tamayo la denominó como “barra colegisladora”, señalando en esa forma su importancia no sólo para el Parlamento, sino para todo el país.

En ese sentido y como al presente no existe control popular sobre la Asamblea Legislativa, el pueblo exige tener derecho a controlar ese organismo y en forma concreta demanda que se abran las puertas del Palacio Legislativo, de tal forma que la población ingrese a las barras y tenga participación en su calidad de colegisladora.

Desde hace algunos años, las puertas del Parlamento están sometidas a control poco menos que dictatorial de policías y vigilantes y ninguna persona ajena puede ingresar a sus dependencias, a no ser que se someta a las más drásticas medidas de control. Vale decir que se impide al pueblo ingresar a lo que se conoce como la máxima instancia de la opinión pública y también como la “Casa del pueblo”. De esa forma, es de esperar que los parlamentarios aprueben una medida por la que el pueblo pueda ingresar a las barras, hacer conocer su opinión y, al mismo tiempo, permitir que la legislación en estudio sea más eficiente y conocida por la población.