SOS de salvación para el Órgano Judicial

A lo largo de los cinco meses transcurridos del presente año, se ha escuchado severas críticas al Órgano Judicial (antes conocido como Poder Judicial), por parte de altos dignatarios de Estado como de la opinión pública y en particular de los medios de comunicación que se han hecho eco de denuncias de gravedad. Es más, esas críticas fueron una prolongación lógica del estado de crisis interna que padece ese mecanismo del Estado, acerca del cual más de una autoridad denunció que ha caído “en estado de coma” y que requería un tratamiento oportuno y rápido.

Como solución a ese estado de cosas, funcionarios del Órgano Ejecutivo hicieron propuestas para curar los males diagnosticados y, entre otros, el vicepresidente García Linera sugirió que en el seno de ese organismo estatal se produzca una “revolución moral” (20-2-14), destacando que “La clave es asumir una revolución moral dentro del Poder Judicial, hoy por hoy están aplazados, hoy por hoy da vergüenza la Justicia”. Agregó entonces que “estos magistrados elegidos por el pueblo tienen la obligación de responder ante ese voto popular mediante más trabajo, más ética, más control, más sanción contra los corruptos y celeridad en los procesos”.

Pero la receta de esa autoridad al parecer ha caído en saco roto, pues desde entonces el problema ético en las esferas judiciales no ha encontrado solución. Finalmente, pareciera que la receta resultó peor que la enfermedad, ya que se sigue hablando acerca del crítico estado de ese aparato estatal y revelando que las cosas marchan de mal en peor.

En esa forma, se insiste en que dado el “estado de coma” en que se encuentra la Justicia, ésta necesita un nuevo y enérgico recurso de terapia intensiva que ponga fin a una dolencia que revela una enfermedad degenerativa y a la vez infecciosa, de tal forma de salir del atolladero. Más aún cuando se ha ingresado en una etapa electoral en busca de soluciones para los grandes problemas que enfrenta el país, en particular el judicial y que si continúa sin curación puede convertirse en una septicemia mortal.

Entre esos nuevos esfuerzos para atender al agónico paciente se ha anunciado dos medidas, una de origen oficial y otra de la Unión Europea. La primera llamada de atención pertenece a la Cámara de Diputados, una de cuyas comisiones reunirá en mesas técnicas a representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial para “mejorar la justicia” y procurar dictar algunas normas, para que el tratamiento de casos de corrupción en el Órgano Judicial y el Ministerio Público “sea acelerado”, iniciativa que empezará a cumplirse en el curso de esta semana.

Otra vía de solución para la crisis judicial proviene de la Unión Europea. Al respecto el jefe de Cooperación en nuestro país informó que está dedicado a atender cuestiones de agua, medio ambiente y narcotráfico, pero que en especial dedicará sus esfuerzos a organizar una mesa de trabajo en la que intervendrán todos los actores del sector judicial. Ese importante paso se realizará -según Francisco García, director de dicho organismo- “como producto de una solicitud del Gobierno boliviano para apoyar una reforma urgente en el sector”.

Agregó que para esos fines de cooperación, en los próximos seis años la UE invertirá en Bolivia 281 millones de euros, (alrededor de 50 millones de euros al año), de los cuales el 75 por ciento se destina al apoyo presupuestario con el Gobierno y el 25 por ciento a trabajos con la sociedad civil y organizaciones locales, esfuerzos que es de esperar cambien la deteriorada imagen del Órgano Judicial.