Lavar en casa los trapos sucios

El gobierno brasileño de Lula Da Silva fue, en los albores del proceso de cambio boliviano, uno de los aliados políticos más solidarios del gobierno de Evo Morales. La afinidad ideológica, fortalecida por los orígenes de la dirección sindical de ambos gobernantes generó una suerte de empatía que persiste, pese a sus tropezones en el transitar político común, al menos a nivel personal. Lo certifica la reciente visita del ex gobernante brasileño a Santa Cruz, en el marco de los preparativos de la Cumbre G-77.

Y sin embargo, la influencia de esa aparentemente fuerte corriente de empatía personal resulta hoy insuficiente para superar una serie de hechos y actitudes que alejan de manera visible a los gobiernos de ambos países, aunque formalmente se mantienen las afinidades ideológicas políticas de otrora. El precario nivel de relaciones llega a un punto tal que Itamaraty mantiene en rango visiblemente bajo su representación diplomática en La Paz desde hace ya varios meses, a despecho de que Bolivia la mantiene a nivel de Embajador en Brasilia.

Al antecedente de afinidades políticas que tendrían que permitir relaciones bilaterales de excelencia se suma la importancia cualitativa y cuantitativa del poderoso vecino. Con más de 3.000 kilómetros de frontera, la mayor para ambos países, Brasil es el mayor proveedor de divisas fuertes de Bolivia gracias a sus compras de gas natural. Sólo como dato de referencia y en números gruesos, las exportaciones al Brasil superan los 31 millones de metros cúbicos por día, casi el doble de las ventas a la Argentina. Y el precio actual por millar de BTU, que duplica el precio internacional del gas natural, es casi similar.

En líneas generales, tener como vecino a un país que es quinta potencia económica mundial debe significar, seguramente, ventaja importante, en muchos otros campos de acción. Preocupa por eso que se hayan deteriorado tanto las relaciones bilaterales a pesar de que se mantienen las siempre eventuales afinidades ideológicas entre los gobiernos de los dos países y la importancia del factor económico para el nuestro.

Por paradójico que parezca y a simple vista, el deterioro tiene raíces en hechos y acciones políticas que han superado, de lejos, las afinidades ideológicas y han erosionado la eventual empatía personal de los actores, a partir de la nacionalización de los hidrocarburos. Aunque en el fondo no fue tal, la nacionalización con presencia militar en las instalaciones de Petrobrás en Bolivia tuvo un costo político que incomodó, en su momento, a Lula. Y que generó un clima de recelo en el entorno político y administrativo de quien se consideraba “hermano mayor” del gobernante boliviano.

Pero el hecho que comenzó a enfriar las relaciones fue, sin duda, la tozuda negativa en concederle visa al senador Roger Pinto durante 454 días. El gobierno brasileño le había concedido asilo político apenas diez días después de su ingreso a la embajada, el 28 de mayo del 2012. Y la explicación a esa decisión fue, en el siempre sutil lenguaje diplomático, una severa lección de relaciones amistosas y de respeto mutuo. El asilo al senador Pinto, dijo Itamaraty, le fue concedido “a la luz de las normas y la práctica del Derecho Internacional Latinoamericano”.

Son esas normas y esa práctica, precisamente, las que a estas alturas tendrían que observarse de manera escrupulosa para resolver entuertos como requisito elemental para atender problemas más trascendentes. El alto costo de las represas brasileñas en el río Madera para el medioambiente en territorio boliviano, por ejemplo, cuyo impacto negativo todavía está por verse. Y sin embargo, acciones, dichos y hechos políticos de este lado parecen más bien ponerle trabas. En ese contexto, tal vez, se podría explicar la demora, por no llamarle resistencia, del gobierno brasileño en designar al sucesor del embajador Marcel Biato, que se fue hace ya tanto tiempo.

Y se podría explicar, también, la magnífica caja de resonancia política que encontró en Brasilia el ex fiscal Marcelo Soza. Hasta ahora, las revelaciones del otrora hombre fuerte del Ministerio Público boliviano están echando por tierra, de manera implacable, denuncias y explicaciones del gobierno sobre el caso Terrorismo I. Es que el informe del ex fiscal al Conare brasileño no hubiera recibido tan generosa bienvenida en ningún otro país, como la que recibió en Brasil, si se hubiera cuidado el nivel que alcanzaron en su momento las relaciones bilaterales. El sólo calificar al denunciante como “delincuente común” o “prófugo de la justicia” no descalifica ni desmiente sus denuncias. El único camino para recuperar credibilidad interna, pero sobre todo externa ahora que los trapos sucios se están lavando fuera de casa, es demostrar que lo que dice Soza es falso. Y eso se logra sólo con investigaciones serias, transparentes y sobre todo imparciales. No hay otra.