Aumento salarial y aguinaldos

El decreto de aumento salarial fue aprobado sobre tablas sin la intervención de legisladores, entre el Gobierno y los dirigentes de la COB politizada, prescindiendo de directivos de la empresa privada, que es motor del desarrollo nacional. Los sucesivos incrementos, los dos aguinaldos, el plazo para el pago del retroactivo, el haber básico de Bs 1.440 que beneficia a miembros de las FFAA, policías, parlamentarios y otros dependientes del Estado, causa problemas en diferentes empresas, sin advertir que dichos incrementos afectan a la canasta familiar, pues los precios en mercados de abasto suben.

En la pasada Navidad, debido a la imposición del doble aguinaldo, las empresas que otorgaban a sus dependientes canastones, panetones, vinos y pollos, no dieron esos regalos, como primera consecuencia.

Hasta febrero pasado muchas pequeñas, medianas y aun grandes empresas no habían podido cumplir con el pago de sueldos, el doble aguinaldo, y el portafolio del ramo presionaba con amenazas de expropiación, como en los años 70 del autoritarismo socialista.

El 1 de mayo se determinó un nuevo aumento, sin prever que centenares de empresas privadas trabajan haciendo esfuerzos económicos ante la competencia desleal de las empresas estatales y la creación de complejos industriales. El contrabando de ropa usada lacera a la industria nacional que paga impuestos al SIN, pero por favor político no lo hacen campesinos, cocaleros, cooperativistas, mineros y otros afines al partido gobernante, no tributan, son eximidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aunque todos deberían pagar, sin exclusiones.

Se exige el cumplimiento de estos incentivos sin considerar que no hay reactivación del aparato productivo. Se necesita una agenda de transformación económica y de producción. No hay crecimiento de la economía de empresas por falta de inversiones extranjeras y nacionales; nadie quiere invertir en Bolivia por la falta de seguridad jurídica; hay pésimo clima para captar capitales, se teme a las nacionalizaciones, que no son otra cosa que estatizaciones. El Gobierno se obliga a indemnizar con plata del pueblo y los inversionistas expulsados son sometidos a chicanas para postergar sus pagos. Los países del ALBA como Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Islas del Caribe, Bolivia y otras tienen menos seguridad para inversiones. El país necesita políticas de desarrollo productivo, aún no se proyecta a nivel internacional y es el último en competitividad, hace falta proyectos estratégicos. Sin infraestructura no hay desarrollo. Estamos importando productos comestibles de EEUU, Chile, Argentina, Perú, mientras los campesinos están en las ciudades haciendo política.

La contraparte de estos conflictos está en que muchas empresas trabajan a media máquina, no hay trabajo ni incentivos a la producción y la productividad. Existen grandes, pequeñas y micro empresas que hacen esfuerzos para pagar sueldos y salarios con deudas bancarias hasta el cuello. Se dijo que se iba a construir una agenda con visión económica, pero nada de eso hay. Los empresarios piden que no se maneje cifras. El incremento salarial pondría en riesgo a empresas industriales, de las que muchas están al borde de la quiebra, varias no pueden incrementar salarios. Y exigencias exageradas y la tajante decisión gubernamental podrían hacer quebrar a industrias y comercios que no aguantan más cargas impositivas.