Legalización de una carta continúa retenida en Cancillería

A tiempo de presentar un segundo oficio a la Cancillería de Bolivia, exigiendo una respuesta al trámite de legalización de la firma de un funcionario del Brasil, presentada hace más de un mes, los abogados del general Gary Prado Salmón afirman que David Choquehuanca y el embajador Jerjes Justiniano estarían obstruyendo la justicia y no se descarta acciones legales en su contra, por incumplimiento de funciones.

Sin referirse al tema de la obstrucción desde la Cancillería se hizo conocer a El DIARIO que se está cumpliendo con el proceso de este trámite, dentro de los plazos establecidos.

Según Gary Prado, hijo y abogado del general del mismo nombre, acusado en el caso Terrorismo, afirmó ayer que debido a la injerencia política del Gobierno en los temas judiciales, el embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, “mandó la carta en consulta, aquí a la ciudad de La Paz para no legalizarla hace un mes y medio que hemos pedido que informe las razones por las cuales se está incumpliendo un trámite administrativo sin justificativo legal y no tenemos respuesta”.

Por su parte, el otro abogado del general Prado, Otto Ritter, informó sobre la presentación de un segundo oficio ante la Cancillería exigiendo una aclaración del porqué no se legaliza la “Carta a Bolivia”, escrita por el exfiscal Marcelo Soza y entregada a la Cancillería de Brasil.

“Esa carta ya fue legalizada, por la cancillería de Brasil, por Itamarati, y resulta ser, que el consulado de Bolivia, lo único que tiene que hacer es legalizar la firma del funcionario de la Cancillería brasileña, nada más”, detalló Ritter.

El abogado mostró su molestia en sentido de que los supuestos intereses políticos por parte del Gobierno Central, no permiten que el trámite termine, “la carta de Soza no vale, porque yo (el Gobierno) la tengo que legalizar (…) no me preocupa lo que diga (el canciller David) Choquehuanca, pues para que lo sepan, esta carta ya ha sido legalizada por varias embajadas de otros países y está siendo presentada ante países europeos y países latinoamericanos”, afirmó.

“Nosotros somos los más interesados para que esto se aclare, los que no quieren que se aclare en el caso (Terrorismo), es el Gobierno”, afirmó Ritter.

Por su parte, el abogado Prado aseguró que lo que está haciendo el embajador Justiniano y Choquehuanca, al no responder con la legalización es obstruir la justicia, “porque ni él (Choquehuanca) ni ningún funcionario del Órgano Ejecutivo tiene por qué evaluar o medir el impacto que tiene la carta de Marcelo Zosa”, ya que este es un documento que se usara en los estrados judiciales donde ellos no tienen “arte ni parte”, finalizó.

CARTA PUEDE ANULAR EL CASO TERRORISMO

Gary Prado (hijo) afirma que una vez que el consulado boliviano haga la entrega de la copia legalizada, donde se reconoce la firma del funcionario brasileño, certificando que la “Carta a Bolivia” fue escrita por el exfiscal Marcelo Soza, el documento será válido para ser presentado ante los estratos judiciales y lograr la anulación de obrados del caso Terrorismo.

“Porque aquí hay un principio básico, quien firma la acusación por la cual 39 personas están siendo sometidas a juicio es Marcelo Soza. Tres años después, Soza reconoce que él fue manipulado por el Órgano Ejecutivo, por el Ministerio de Gobierno, que hubo soborno, extorsión, ejecución extrajudicial (en el operativo del hotel de Las Américas), doble autopsia para tapar la muerte de los tres extranjeros”.

“¿Cómo puede basarse un juicio en el trabajo y la firma de una persona que ha extorsionado para llegar a esa acusación?”.