Continúa lenidad en el Poder Judicial

Desde la designación -previamente “a dedo” y luego por el Legislativo- del cuerpo de jueces y fiscales, se tenía una ligera esperanza: que el Poder Judicial actúe finalmente con idoneidad, capacidad, eficiencia y mucha responsabilidad; todo ha mostrado que no hay condiciones en quienes asumieron cargos tan importantes y todo muestra que, contrariamente a lo que esperaba la comunidad, aumentó el descuido, la dejadez, la lenidad y la carencia de vocación de servicio de fiscales y jueces.

Es frustrante y decepcionante para el país el no contar con un Poder tan importante como es el Judicial; en otras palabras, que no haya un organismo institucional que administre debidamente la aplicación de justicia y, por el contrario, por más correctivos que se pretenda introducir, la incapacidad de los funcionarios, jueces y fiscales es cada vez mayor y así lo demuestran miles de litigantes que viven con la expectativa de que puedan vislumbrar un buen manejo de los tribunales.

Los componentes del Poder Judicial, en los últimos ocho años, son autores prácticos y culpables de la existencia, vigencia y acción de los grupos que actúan bajo la denominación de “justicia comunitaria”, una forma muy personal e interesada de sancionar a quienes se supone han cometido delitos como robos, asaltos a propiedades y otros que les adjudican quienes creen que deben imponer la nueva modalidad de “justicia” que es lo contrario de lo que debería ser la justicia.

Lo grave de esta situación es que los mandos superiores de la judicatura judicial, como deberían ser la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Distritales de Justicia y otras dependencias, absolutamente nada hagan por evitar que la incompetencia y carencia de equidad y vocación de servicio estén ausentes de los estrados judiciales. ¿Qué hacen esos tribunales que, se debe entender, están para que la administración de justicia sea equitativa, ecuánime, transparente, eficaz, eficiente, honesta y responsable? El silencio que guardan estas instituciones es más que sospechoso, porque los responsables deberían tener explicaciones claras sobre lo que ocurre en sus dependencias.

La administración de justicia en nuestro país ha adquirido, en la conciencia de quienes precisan de los tribunales una debida administración, el calificativo de que “la justicia boliviana es la peor injusticia”. Y no es que la justicia sea mala, lo que es malo es su administración y falta la debida aplicación para quienes requieren de ella. Es urgente que los poderes Legislativo y Judicial, en conjunción con el Ejecutivo, estudien muy detenidamente el caso de los administradores de justicia; de otro modo, al seguir por la senda de siempre, corremos el riesgo de que la anarquía sea parte de la vida de la nación que espera, en todo momento, un actuar consciente y responsable de quienes fungen como autoridades.