Posible, necesario

En 1880 Alemania fue el primer país en adoptar un seguro de protección social reconocido: la Seguridad Social. Casi medio siglo después, con el Crack de 1929, se consolidó en el resto de países como medida eficiente para salir de la crisis. En la actualidad, en los países más industrializados la inestabilidad política, económica y social se ha traducido en un deterioro de estas garantías. En otros lugares, donde nunca se han llegado a establecer, la población vive en situaciones precarias. Sin poder acceder a un sistema sanitario público y sin pagar, que no significa que sea gratuito porque lo pagan los contribuyentes, sin recibir ingresos laborales en una situación de desempleo causado por enfermedades o discapacidades. Mientras esto ocurre las ayudas por parte de “países desarrollados” llegan tarde. En muchas ocasiones el incumplimiento de las cumbres y tratados demuestra que no existe el compromiso suficiente para que esta realidad cambie.

Hasta ahora los intentos por mejorar y estabilizar la situación en la que se encuentran millones de personas no han conseguido resolver el problema. Algunas cumbres como la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2000 han tenido como objetivo central reducir a la mitad el porcentaje de hogares pobres para 2015. A la vista del Informe VI de la Conferencia Internacional del Trabajo de Ginebra, entre el 75 y el 80% de la población vive todavía en una situación de inseguridad social. Parece casi imposible cumplir el plazo establecido por la OMD en apenas un año. Otras como la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005 ha centrado el cambio de las políticas nacionales e internacionales en hacer posible un empleo pleno, productivo y decente para todos.

Estos esfuerzos por asentar un modelo de crecimiento eficiente y sostenible, basado en la solidaridad de los Estados no sólo responde a la necesidad humana de cooperación entre las sociedades. Adoptar políticas de equidad social implica medidas elementales para velar por la igualdad de las personas, garantizar prestaciones que impidan el desamparo o acabar con la discriminación geográfica, étnica o de género.

Las medidas que intentan dar una dimensión mundial a un derecho humano reconocido como la Seguridad Social, sobre todo en aquellas zonas que carecen de infraestructuras políticas y económicas sólidas, nacen de la ausencia de iniciativas legislativas y de la falta de protección que existe en muchas sociedades. Entender la sanidad como un servicio inherente de cualquier Estado está lejos de ser una utopía.

El autor es periodista.

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