Mandatario podría romper decisión de dejar el poder
La agenda política de esta semana en Ecuador ha estado marcada por un tema crucial: el debate de la reelección presidencial. Desde que hace una semana el presidente Rafael Correa se pronunciara a favor de reformar la Constitución, la reelección indefinida está más cerca de convertirse en una realidad. La discusión empezó cuando Correa, al cumplir el primer año de su tercer mandato, durante el informe de la nación, reveló que el movimiento Alianza País había acordado pedir a su bloque de asambleístas una enmienda a la Carta Magna para dar paso a la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular. La Constitución aprobada en 2008, dos años después de la llegada de Correa al poder, impedía que se perpetuara en el poder cualquier autoridad y dejaba claro que tanto los concejales de los municipios como el presidente del país podrán buscar la reelección una sola vez, publicó EL PAÍS.
Correa argumentó que la decisión de modificar la Constitución se ha tomado porque vienen "tiempos duros" para la Revolución Ciudadana, el movimiento que lidera Correa, y que "hay una restauración conservadora en marcha" que, en opinión del presidente, pone en peligro los avances que el país ha tenido en los últimos siete años. De momento, todo indica que el llamado a defender esos logros es el actual mandatario, aunque él mismo mantiene el discurso de que todo depende de las decisiones que tome su movimiento: "Entiendo bien que mi vida ya no es mía: es de mi pueblo y de mi patria y estaré donde me exija el momento histórico", afirmó.
DECISIÓN A PUNTO DE INCUMPLIRSE
Guillermo Lasso, excandidato presidencial y líder del movimiento Creo, en una entrevista en Ecuavisa, citó a Simón Bolívar para mostrar su rechazo a la reelección sin límite de tiempo: "No es bueno que un ciudadano permanezca en el poder tanto tiempo, se acostumbra a mandarlo y el pueblo a obedecerlo. Y de ahí nacen la usurpación y la tiranía". Y recordó también una frase del propio Correa: "Es muy malo que una persona sea tan indispensable que haga reformar la Constitución y cambiar las reglas de juego".
Bajo el nuevo marco constitucional, Correa fue ratificado en su cargo en agosto de 2009 y hasta 2011 mantuvo el discurso de que estaba agotado y que la responsabilidad del cargo afectaba a su familia. Incluso comentó que le había ofrecido a su esposa ir a vivir en Bélgica. "Yo estaré, si Dios lo permite, tan solo cuatro años más, pero esta revolución debe durar para siempre", decía.
Pero para finales de 2012 se convirtió nuevamente en el candidato de Alianza País y ganó las elecciones en 2013. Cuando inició su segundo periodo, en mayo de ese año, también aseguró que sería el último. Correa ya especulaba con el tabú de la reelección en febrero pasado, cuando el movimiento gubernamental perdió las alcaldías en ciudades estratégicas como Quito, Guayaquil y Cuenca. "En lo personal, creo que es mi deber revisar la sincera decisión de no lanzarme a la reelección, porque tengo la responsabilidad de garantizar que este proceso sea irreversible", declaró Correa en marzo.
Por ese entonces todo indicaba que el asambleísta Fabián Solano, presidente del Partido Socialista, que mantiene una alianza con el movimiento oficialista, iba a apadrinar la discusión de la reelección indefinida a la Asamblea Nacional. Pero esta propuesta nunca se concretó y el socialista ni siquiera llegó a reunirse con el bloque oficialista para tratar el tema.
El reciente reclamo de enmienda constitucional de Alianza País tampoco ha llegado a la Asamblea Nacional. El asambleísta del oficialismo Virgilio Hernández dice que la propuesta aún no está redactada. El asambleísta Mauro Andino, también de Alianza País y presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, explica que esperan que los coordinadores del bloque legislativo convoquen a una reunión para preparar la propuesta.
La Corte Constitucional tendrá que elegir el mecanismo para modificar la Carta Magna. Las opciones están entre una enmienda o una reforma constitucional. La diferencia radica en que la primera la aprueba la Asamblea Nacional (donde el partido de Gobierno tiene 100 de los 130 escaños) mientras que la segunda requiere que se convoque a un referéndum a nivel nacional.
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