Graves consecuencias de las nacionalizaciones

La demagogia y el populismo no dejan ver “lo que está más cerca que las narices”. Esto es lo que ha pasado con las sucesivas nacionalizaciones o estatizaciones o confiscaciones de empresas pertenecientes al capital privado que habrían pasado a poder del Gobierno. Son 19 las nacionalizaciones producidas durante el régimen del actual Gobierno, lo que significa obligaciones para el país por mucho más de 1.500 millones de dólares por concepto de indemnizaciones.

Una costumbre inveterada en nuestro país, y propia de los gobiernos populistas es la creencia de que “lo que es del país no puede ser aprovechado por otros y, si lo hacen, habrían logrado compensar sus inversiones y conseguido grandes utilidades en el tiempo de haber trabajado”. Esta sería la causa por la cual se cree, muy ingenuamente, que, por ser nuestro lo nacionalizado o estatizado, “no correspondería pagar indemnizaciones”; pero la realidad siempre es distinta.

Quienes nacionalizan un bien donde hubo capitales y tecnología extranjeros, lo hacen con la seguridad de contar con el apoyo de una situación jurídica que debe regir en el país; en otras palabras, con las garantías debidas y, en caso de vulnerárselas por cualquier motivo, habrían compensaciones. Así se firma contratos que, además, se deja que tribunales arbitrales decidan lo que no pueden convenir las partes.

Para el caso nuestro, ante anuncios de no pagar indemnizaciones o diferir su pago sin fecha fija, el recurso de los tribunales arbitrales ha dado resultados a favor de las empresas afectadas y se han fijado montos importantes que el país debe cancelar en términos que, generalmente son perentorios con el riesgo de elevación de los montos por los intereses que haya que pagar por el lapso de las demoras.

En pocos casos, cual es el de Rurelec de Inglaterra, se ha logrado la condonación de intereses; pero, de todos modos, habrá que pagar algo más de 31 millones de dólares. Otros casos ya han sido cubiertos y hay muchos que restan por cumplirse; algunos, con seguridad, se encuentran bajo arbitraje que no tardarán en emitir conclusiones que serán a favor de las empresas afectadas.

¿Cuál sería la situación del país si se hubiese ahorrado importantes montos por concepto de indemnizaciones empezando por lo ocurrido con la empresa petrolera Standard Oíl en los años 30 y, luego, con la nacionalización de las minas, el año 1952? Son montos millonarios que si hubiesen sido invertidos en el país los réditos, hasta ahora hubiesen sido cuantiosos; pero, como la política partidista, casi siempre con vocación populista y demagógica, muestra a los gobiernos situaciones utópicas, no se ha previsto nada y hoy el país debe pagar las consecuencias.

De todos modos, es alentadora la intención expresada por el Presidente de la República en sentido de “no nacionalizar más”. Es de esperar que el anuncio se cumpla; de otro modo, se agravará nuestra situación de tener que hacer frente a nuevas indemnizaciones.