Jueces y fiscales quedan en la mira al reanudarse audiencias del caso Soza

Luego de 70 días, hoy se reanuda las audiencias del caso Terrorismo, con la declaración de Gelafio Santiesteban. El proceso continúa con el refuerzo de otros dos fiscales y con la afirmación de Otto Ritter, abogado del general Gary Prado Salmón, que si la Fiscalía General no detiene a Sergio Céspedes, este seguiría los pasos de Marcelo Soza, porque le consideran su cómplice.

De marzo a esta fecha, se han suscitado varios hechos que pueden modificar los resultados de este juicio, la principal es la salida de Marcelo Soza al Brasil, el 11 de marzo.

Luego está la recusación, planteada el pasado 14 de marzo, por Ignacio Villa Vargas a las dos juezas ciudadanas, paralizando el proceso, pero a la vuelta de la esquina está la revelación de la “Carta a Bolivia”, escrita por Marcelo Soza, en la que desvirtúa el caso y afirma que se montaron pruebas.

Sobre el tema el pasado jueves 29 de mayo, a tiempo de presentar un segundo, exigiendo una respuesta al trámite de legalización de la firma de un funcionario del Brasil, presentada hace más de un mes, los abogados del general Gary Prado Salmón afirmaron que el canciller David Choquehuanca y el embajador Jerjes Justiniano, estarían obstruyendo la justicia, por lo que no descartaban plantear acciones legales en su contra, por incumplimiento de funciones.

MÁS FUGAS Y

CONFIANZA

Sin embargo, Gary Prado (hijo) y Otto Ritter, abogados de Prado Salmón, denunciaron que si la Fiscalía General no toma medidas se pueden dar nuevas fugas y apuntaron al fiscal Céspedes.

“¿Por qué no han citado a declarar a Luis Clavijo?, y yo les digo, cómplice de Soza. En la toma de declaraciones fue (Sergio) Céspedes, y acuérdense, si la Fiscalía no lo detiene ahorita, Céspedes es el próximo en huir y no soy brujo pero paso raspando”, afirmó Ritter.

Céspedes, el aludido, durante un acto público realizado el viernes pasado, rechazó la acusación calificándola de “absurda”, ya que él no habría participado en la recolección del caso como lo afirma Ritter.

Pero ante la incertidumbre de una nueva fuga que derrumbe el caso, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, restó importancia a las declaraciones de Ritter y afirmó sin individualizar sobre la acusación en contra de Céspedes: “Yo confío en el trabajo del equipo de fiscales que están llevando adelante el caso. Yo, como Fiscal General, me voy a involucrar más directamente en este y en otros casos de connotación”.

“Son opiniones, criterios de los diferentes abogados y yo no voy a entrar a debatir, (…) lo que sí yo quiero decir es el que el Ministerio Público, basa sus actuaciones en el marco de la Constitución. Es por eso que hemos reforzado el equipo de fiscales”, aseveró Guerrero sobre los vaticinios de Ritter.

Guerrero también manifestó que se han hecho las solitudes correspondientes al Tribunal que lleva adelante el proceso, para que el proceso se reencause y se sesione de manera continua, reiterando que la Fiscalía tiene todas las pruebas, “y va a sustentar lo que ha presentado en la acusación” aseguró.

Sobre la reanudación de las audiencias a partir de hoy, Ritter no puso en duda su presencia, “claro que vamos estar presentes, nosotros siempre hemos estado firmes y somos los más interesados, los que no quieren que se aclare el caso son los del Gobierno”, dijo.

Según Prado, la carta puede anular el caso Terrorismo, ya que una vez el consulado boliviano haga la entrega de la copia legalizada, donde se legaliza la firma del funcionario brasileño, certificando que fue escrita por el exfiscal Soza, el documento será válido para ser presentado ante los estratos judiciales y lograr la anulación de obrados del caso Terrorismo.

“Porque aquí hay un principio básico, quien firma la acusación por la cual 39 personas están siendo sometidas a juicio es Marcelo Soza. Tres años después, Soza reconoce que habría sido manipulado por el Órgano Ejecutivo, por el Ministerio de Gobierno, que habría soborno, extorsión, ejecución extrajudicial (en el operativo del Hotel de Las Américas), doble autopsia para tapar la muerte de los tres extranjeros”.

“¿Cómo puede basarse un juicio en el trabajo y la firma de una persona que ha extorsionado para llegar a esa acusación?” se cuestionó Prado.

Desde hoy, el equipo de fiscales compuesta por los juristas Sergio Céspedes, Iván Ortiz, Marco Antonio Rodríguez, Óscar Vera y Javier Monasterio tendrán a su cargo la investigación del caso Terrorismo y si la Cancillería cumple con la legalización, deberán afrontar un panorama distinto, pues las bases de la investigación estarían socavadas como lo afirman Prado y Ritter.

SOZA NO ES

PERSEGUIDO POLÍTICO

Sobre la legalización de la carta, que continúa retenida en el Consulado de Bolivia en el Brasil, el fiscal Céspedes le restó importancia bajo el argumento de que no afectaría las bases del juicio.

Por su lado, Guerrero dijo que la carta, “por ahora” no tiene ningún valor legal, “más bien, nosotros queremos que el señor Soza vuelva a nuestro país y estamos activando todos los mecanismos, como es la solicitud de extradición y vamos a mandar la documentación al Conare de Brasil, indicando que Soza no es ningún perseguido político, Soza es un prófugo que tiene que venir a rendir cuentas ante la justicia boliviana”, afirmó.