Empresas estatales y privadas

Se ha promulgado la ley que recupera el modelo de economía estatal, pero causa preocupación en los empresarios privados por la competencia desigual. La inversión de la empresa pública crece, mientras la privada es frenada.

El Ministro de Economía en años anteriores fustigó a los empresarios por no invertir capitales en el país. Reprochó a empresarios tildándoles de “privados domésticos”. Existen más de 36 empresas públicas como consecuencia de las “nacionalizaciones” y la creación de nuevas. El Ejecutivo despliega una estrategia para la implementación de conglomerados textiles y parques industriales, aunque Bolivia está saturada de productos que vienen de China. Se tiene previsto instalar 28 complejos industriales con recursos del Banco Central de Bolivia y de otras fuentes de financiamiento. Transportes Aéreos Militares (TAM) se convierte en empresa pública.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio cuestionó la incursión del Estado en sectores donde el sector privado desarrolla sus actividades, por un afán de competencia y no de complementariedad.

El Gobierno ha creado la Empresa Pública Boliviana de Turismo. El Ministerio de Culturas tiene su propia imprenta, quita el pan de la boca a los trabajadores gráficos. Las empresas estratégicas que el Estado maneja son Entel, Yacimientos Petrolíferos, BoA, Emapa, Lacteobol, Cartonbol, Papelbol, Almendras y derivados, aunque las que no funcionan en más de cinco años son Azucarbol, Cemento con problemas por la compra de maquinaria obsoleta y no haber tenido estudios previos ni licitaciones; se despilfarró millones de dólares. Las fábricas de América Textiles (Ametex) sufrieron un colapso por falta de mercados internacionales, la competencia del enorme mercado textil chino y el contrabando de ropa usada ocasionaron la compra de ellas y en consecuencia la Empresa Pública Textil (Enatex) arrancó con $us. 9.9 millones.

Al parecer el Gobierno no protege a la empresa privada, inversionistas no desean invertir en el país por temor. De otro lado, el Servicio Nacional de Impuestos (SIN) presiona sin contemplaciones en la fiscalización a pequeños negocios, ordenando el cierre definitivo de locales que no den facturas, aunque este excesivo proceder es inconstitucional. Además, la Central Obrera Boliviana anticipó que el Gobierno analiza la aprobación de un decreto que podría aplicar sanciones pecuniarias y hasta la privación de libertad contra empresarios renuentes a acatar la legislación laboral. Los empresarios califican de exceso del Ejecutivo si procediera con tal disposición. La CEPB hace mutis por el foro. Alguien dijo: “los empresarios hacen proezas, pues se ajustan los cinturones mientras se bajan los pantalones”.

El Presidente solicitó propuestas para potenciar la economía y diversificar el aparato productivo nacional, pidió ayuda a empresarios para reducir la pobreza, nadie respondió. Se firma muchas leyes y acuerdos que no se cumplen; entre debilidades y desaciertos se producen las exigencias de sectores sociales que solicitan mayores incrementos y salarios, cuyos pedidos se justifican por la pérdida del poder adquisitivo; el poco dinero en la billetera no alcanza, no hay barriga llena ni corazón contento para vivir bien.