Dificultades pre electorales

El proceso preparatorio y operativo de las elecciones de octubre próximo a cargo del Tribunal Supremo Electoral, no está allanado ni exento de problemas, habiendo dado lugar al anuncio de medidas de presión en regiones y municipios que se creen afectados. El registro de nuevos electores no está siendo expedido con la normalidad necesaria y da lugar a largas filas, insume mucho tiempo y hay quejas contra los empadronadores y el funcionamiento de los equipos de computación.

Los nuevos inscritos en el padrón electoral abarcan medio millón de ciudadanos, superando las expectativas, mientras que la movilización logística para atender a los compatriotas residentes en el exterior -en nada menos que 33 países- parece haber sido excesiva porque hasta el presente los registrados no pasan de 110.000 aproximadamente, no obstante que el cálculo era de 450.000. El personal que se nota en algunos consulados encargados del registro ha sido incrementado notoriamente, implicando erogaciones fiscales pero la demanda es menguada.

El nuevo mapa electoral y la distribución de circunscripciones ya dio dolores de cabeza al TSE y le sigue dando, sin embargo, solamente se los puede atribuir al mismo organismo. Ante las reclamaciones de disminución de diputaciones uninominales en varios departamentos, el TSE tuvo que asumir enmiendas, siendo probable que también revise las circunscripciones que resultaron alteradas, para remediar las protestas en las áreas rurales de los departamentos de Potosí, Chuquisaca y La Paz, en los que algunos municipios han sido divididos con fines electorales.

Por otra parte, subsiste el descontento en el municipio de San José de Chiquitos, departamento de Santa Cruz, por el presunto “acarreo” o traslado de gente desde otras provincias o de otros departamentos para registrarlos como electores, según denuncia del Alcalde de esa localidad. San José inclusive realizó un paro general el 28 de mayo en señal de protesta. La respuesta por vía mediática fue que el “acarreo” es un delito electoral y no una simple falta, por lo que se cursó una denuncia al Ministerio Público en vista de que el TSE no tiene competencia para conocer delitos, sino únicamente faltas en la materia.

A pesar de la enorme afluencia del público para registrarse, el TSE hizo conocer que a los ciudadanos que no voten se les aplicará una sanción de 400 bolivianos, además de las restricciones bancarias para quienes realicen operaciones sin portar la cédula de voto. Esta medida surge del Reglamento del TSE para las elecciones de octubre 2014 y no es parte de ninguna otra disposición legal, convirtiéndola en objetable. Solamente una ley del Estado podría fijar este tipo de sanción pecuniaria de carácter universal para los electores. Es una determinación tan inédita como innecesaria desde todo punto de punto de vista. Que se sepa, ningún país presiona ni obliga respecto a un derecho de libre opción como es el sufragio.