Nueva Ley minera

Después de varios años de estudio y con la esperanza de que la importante industria minera ingrese en una etapa de desarrollo y se convierta en una fuente de progreso para el país, el Gobierno ha promulgado la nueva Ley de Minería y Metalurgia. La disposición fue consultada con algunos organismos laborales y empresariales del sector minero, de tal forma que alcanzó algún grado de consenso. Sin embargo, otros sectores han reclamado que no participaron en el estudio de la ley y, a la vez, han manifestado abierta oposición.

La nueva normativa minera se aprobó en medio de difíciles circunstancias y, en especial, después de una activa resistencia de los mineros cooperativistas que, finalmente, entraron en negociaciones con las autoridades. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, los problemas en las zonas de producción se fueron acentuando, como el caso de los comunarios de Bancuni que fueron echados por los socios de la cooperativa Machacamarka Ltda., originando una ola de enfrentamientos en otros sitios. También se recuerda que alrededor de 80 minas privadas están ocupadas por cooperativistas y comunarios.

El caso más pronunciado fue el choque entre cooperativistas con los comunarios de Arcopongo, que produjo tres muertes y una serie de dificultades para la reanudación de actividades en esa zona aurífera. El lamentable suceso trajo consigo el fallecimiento de un periodista.

Mientras se producía la promulgación de la nueva ley, la mina Bancuni, de la provincia Larecaja, era escenario de violencias, cuando los comunarios habrían sido asaltados por un grupo de cooperativistas que, a tiempo de expulsarlos, les arrebataron maquinaria y objetos personales. Se denunció que determinados “caza-minas” fueron los inspiradores intelectuales de esa acción de fuerza que, además, produjo intranquilidad en la región.

Constituye un hecho plausible que ya se disponga de una Ley de Minería y Metalurgia, pero se anticipa que ella no resolverá los grandes problemas que enfrenta el sector, pues, entre otros, los cooperativistas seguirán siendo meros inquilinos de las concesiones estatales, lo cual no les permite gozar del derecho de propiedad para garantizar sus labores, invertir en tecnología, evitar la depredación, utilizar el sistema asalariado en el trabajo de obreros, cumplir con las leyes laborales y en especial pagar impuestos.

Se agrega entre las críticas a la nueva norma legal que, como meros “inquilinos”, los cooperativistas al no gozar del derecho de propiedad sobre las minas y ser meros concesionarios, se encuentran maniatados en sus actividades y no pueden vender, alquilar, hipotecar y, finalmente, ni trabajar los terrenos alquilados. En especial aluden a que por esa condición, tampoco deben pagar impuestos, como hacen los grandes propietarios de minas en el país y que, al mismo tiempo, evitan la depredación, utilizan alta tecnología, pagan elevados impuestos, cumplen la Ley del Trabajo, etc.