El turismo y el Estado

Con un coste de 46 millones de bolivianos y mediante decreto supremo, el Gobierno ha creado la Empresa Pública Boliviana de Turismo, incursionando en un nuevo campo de acción. Según el Ministro de Culturas y Turismo, Pablo Groux, esta empresa fomentará destinos turísticos no tradicionales y también a los emprendimientos comunitarios. No deja de ser extraño que para esta medida no se hubiese tomado en cuenta al sector privado, tanto más si por uno u otro motivo las agencias turísticas del país se verán afectadas.

Para eludir las observaciones -ya surgidas- de los directos interesados, el Gobierno consignó datos supervaluados del flujo turístico interno y externo. Afirma que en el 2013 el país registró 1.2 millones de visitantes extranjeros y 2.9 millones correspondiente a turistas internos. Como los portavoces privados del rubro hacen notar, si se suma ambos flujos tendríamos una cifra espectacular. La misma supondría, en lo doméstico, que poco menos que un tercio de la población nacional se desplazó en plan de visita dentro del territorio.

Sin duda se ha estimado el total de viajes de la población, sin discriminar que una mayoría lo hace para realizar trámites –las autonomías son relativas o no funcionan-, por motivos de salud, etc. En cuanto al flujo procedente del exterior, la cuantificación de 1.200.000 turistas el 2013 es imposible en términos reales. El nombrado Ministro dio la cifra hiperbólica de que por este concepto el país percibió mil millones de dólares en la misma gestión, sin contar los ingresos por el Dakar.

Ni el Perú con toda su fama, buena infraestructura y un sinfín de atractivos logra semejante cantidad de visitantes al año, aunque bien podría aproximarse a mucha distancia de Bolivia. Las cifras oficiales difundidas tienden a minimizar el duro impacto que sufrirán los privados en la materia, haciendo ver que el mercado receptivo es de enormes proporciones y, por consiguiente, la medida gubernamental es pertinente. Si se acepta lo anterior, estamos ante un monto que repartido entre los gastos de operación y la ganancia de cientos de pequeñas empresas dedicadas al rubro, no estamos ante nada desbordante. A lo anterior se debe restar las cuotas partes de la hotelería, gastronomía, artesanía, etc.

Los requerimientos turísticos y de promoción en el rubro son enormes y deberían merecer la atención prioritaria del Estado, empezando por una regulación legal adecuada y que se la cumpla, una red caminera que acerque los puntos de interés, estabilidad política y social -factor que resta en lugar de sumar-, una efectiva protección a los turistas. Los asaltos a cargo de falsos policías, secuestros, violaciones y asesinatos registrados contra visitantes extranjeros no son incentivos y más bien proyectan una imagen negativa. La seguridad es, pues, un prerrequisito inexcusable por el cual el Estado ofrece garantías y muestra fortaleza.

Lo anterior debe ser constante preocupación del Gobierno y no su ingreso competitivo frente al sector privado. Es cierto que desde el oficialismo se proclama el control absoluto, pero no había sido únicamente sobre lo público, como se podría haber supuesto, sino también sobre lo privado con una variedad de empresas estatales, limitantes de la iniciativa privada.