Fiscales y labores de investigación

Son continuas las quejas de litigantes que no encuentran eficiencia y rapidez en las investigaciones que realizan los fiscales, especialmente en cuestiones penales. Se informa, y no sin razón, que hay descuidos y hasta lenidad en el trabajo de los fiscales y sus colaboradores. Se anota que muchos de los juicios no están más que a la espera de resultados de investigaciones que deben efectuar las fiscalías y que, por cualesquiera razones, tardan excesivamente o nunca se producen.

Este es, innegablemente, el caso de muchos juicios por causas penales que no reciben la atención debida por parte de jueces encargados de la administración de justicia. Se ha visto, en muchos casos, que hay juicios iniciados hace muchos años, con informes preliminares de fiscales, pero que no siguen su curso porque “faltan informes de investigaciones que deben realizarse”.

Si la administración de justicia depende de las fiscalías, será preciso que algo se haga al respecto porque retrasar juicios, posponerlos indefinidamente u olvidarse de ellos, pero teniendo a los presuntos culpables presos sin continuidad alguna de los procesos que se les sigue, es injusto, arbitrario y contrario a los más elementales derechos humanos.

Hay juicios, entre ellos los políticos, que demoran muchos años en llevarse a cabo porque “no se han reunido las pruebas necesarias por falta de investigación”. Esto, lisa y llanamente, no es administrar la justicia conforme a parámetros de equidad, ecuanimidad ni moralidad alguna; es, o puede ser, simplemente, manejo arbitrario de un poder, como es el judicial, tan sólo atenidos a razones político-partidistas o simples resentimientos de quienes cuentan con el poder público.

¿Cuántos juicios anunciados por razones políticas están pendientes de seguimiento y concreción? ¿Cuántos son los “culpables” que purgan penas que no han sido comprobadas y que no cuentan con las mínimas pruebas de las faltas o delitos cometidos? Son preguntas que el Poder Judicial debería responder y, más concretamente, los fiscales que tienen encomendadas las investigaciones pertinentes.

La justicia es buena, es diligente, es transparente, honesta y responsable; lo lamentable y contrario a la moral y a la dignidad humana es que su administración es mala o deficiente, es retardada y “olvidadiza” de lo que más debería recordar y poner en práctica.

Es absolutamente necesario que las fiscalías actúen conforme a lo que disponen los procedimientos legales; no hacerlo implica autoritarismo, nomeimportismo sin medida y deshonestidad. Es urgente que se tome conciencia plena de lo que significa la justicia que, para ser tal, debe contar con principios básicos de caridad, equidad y ecuanimidad.